🎧 Usa el reproductor para escuchar esta nota
Mariel Serrano
En Puebla, la implementación del programa federal “vida saludable” comenzó hoy 29 de marzo en las escuelas públicas del estado y, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), serán 12,130 planteles que eliminarán los productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y alimentos con altos niveles de azúcares y grasas, que hasta ahora eran una constante en las cooperativas escolares.
El secretario de Educación en Puebla, Manuel Viveros Narciso, destacó que no se han registrado oposiciones por parte de los responsables de las cooperativas escolares, quienes se han adaptado sin problemas al nuevo lineamiento.
Aunque la nueva ley prohíbe la venta de productos chatarra dentro de las escuelas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá sanciones económicas para los padres que envíen estos alimentos en las loncheras de sus hijos, sin embargo, hizo un llamado a la reflexión para que las familias opten por opciones más saludables, como frutas y bocadillos naturales.
Alfredo Gómez Palacios, secretario general de la sección 51 del SNTE, señaló que uno de los principales obstáculos es la venta de comida chatarra en los puestos ambulantes cercanos a los planteles.
Además, la nueva legislación no afecta directamente a estos vendedores, se les está instando a ofrecer opciones más saludables en las inmediaciones de las escuelas sin embargo, no se prevé sancionar a estos comerciantes, lo que sigue representando un vacío en la implementación total de la estrategia.
De acuerdo con el Manual de Alimentos en las Escuelas, cualquier institución educativa que permita la venta de productos no permitidos deberá reportarlo a las autoridades correspondientes. Las sanciones podrán ir desde multas hasta la intervención de la COFEPRIS, que vigilará el cumplimiento de las reglas sanitarias.
La implementación de esta medida, simboliza un paso importante hacia la mejora de la salud infantil con la colaboración de todos, desde los maestros hasta los padres de familia y las autoridades locales.











