La cesión irresponsable de notarías ha sido una práctica característica del viejo régimen, acusa José Juan Espinosa

Redacción

Con la finalidad de garantizar el estado de derecho y la aplicación correcta de la fe pública, el pleno de la LX Legislatura del Congreso del Estado, por mayoría de votos, aprobó reformas a la Ley del Notariado del Estado de Puebla, en donde se reintegra el capítulo para que en Puebla exista una Notaría Pública por cada 50 mil habitantes contemplados dentro de la población económicamente activa, así como la presentación de un exhorto al titular del Ejecutivo, para que suspenda el proceso de asignación de patentes, en tanto no se aclaren las irregularidades en las que incurrió la Dirección General de Notariado recientemente. Al hacer uso de la palabra, y al detallar la modificación al Artículo 23 y la derogación del Artículo 244, a fin de que las notarías en Puebla dejen de repartirse como regalos o favores políticos, la diputada Tonantzin Fernández Díaz, del Grupo Legislativo del partido Movimiento Regeneración Nacional, calificó como favorable esta modificación de Ley, pues existe un número excesivo de notarías en todo el estado. Ilustró el caso particular del Distrito Judicial de Cholula, donde se pretende aprobar la entrega de dos nuevas patentes, marcadas con los números 11 y 12 en los municipios de Cuautlancingo y Ocoyucan, a pesar de que la propia ley establece que habrá una notaría por cada 50 mil habitantes, contemplados dentro de la población económicamente activa. Por su parte, y al respaldar esta propuesta de Ley, el diputado Héctor Alonso Granados, también del Grupo Legislativo del partido Morena, explicó que, de conformidad con los censos poblacionales realizados por el INEGI, en Puebla existe un exceso en el número de notarías hasta en 29 patentes. El legislador sostuvo que la labor del notariado debe ser dignificada y no ser visto como un lamentable proceso de entrega de premios a personas que ni siquiera ostentan el servicio de carrera en la fe pública, demeritando este ejercicio profesional. En su oportunidad, el diputado José Juan Espinosa Torres, coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, estimó que en el caso de reintegrar el capítulo para que en Puebla exista una Notaría Pública por cada 50 mil habitantes contemplados dentro de la población económicamente activa, garantizará que, en los próximos años, se modere y justifique que el titular del Ejecutivo apruebe la publicación de convocatorias para entregar nuevas patentes. Destacó que lamentablemente, la entrega irresponsable de notarías ha sido una práctica característica del viejo régimen, donde los gobernadores en turno al final de su mandato, entregaban patentes a colaboradores o incluso en los casos más graves, a diputados en funciones a familiares en tercer grado, prácticas nocivas que deben ser dejadas en el pasado. Destacó que los titulares de las patentes deben ser especialistas en derecho y no premiar a operadores electorales, incluso sin título de abogados, es decir, se trata de dignificar el papel de los notarios.

PROPONEN QUE NINGÚN FUNCIONARIO LOCAL GANE MÁS QUE EL GOBERNADOR

El diputado José Juan Espinosa Torres fue el encargado de dar lectura a la iniciativa de ley que presentaron los diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia ante el Congreso para que ningún funcionario de Puebla perciba un sueldo mayor a los 85 mil pesos mensuales, cifra que ganaría el gobernador a partir del ejercicio fiscal 2019. Espinosa Torres precisó que el objetivo es que en los próximos meses estén listas las bases jurídicas que permitan dar paso a la austeridad republicana, incluido el Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. De este modo, el petista también precisó que “el sueldo del gobernador tendrá que ser menor al del presidente de la República y esa será la base en lo local para que ningún presidente municipal, ningún magistrado, ningún consejero local y ningún funcionario puedan ganar más allá que el gobernador”, dijo. Por lo anterior, detalló que se busca crear un tabulador entre máximos y mínimos, tanto para los 217 ayuntamientos, como para el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo del estado de Puebla, así como organismos públicos descentralizados y autónomos. Actualmente el mandatario estatal tiene un sueldo de 94 mil pesos mensuales netos, en tanto, los magistrados presidentes de los tribunales Superior de Justicia y Electoral del Estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez y Fernando Chevalier Ruanova, respectivamente, tienen sueldos de 133 mil pesos al mes.