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Exclusivas Puebla
El caso de Florentino Daniel Tavera Ramos, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, es sólo la punta del iceberg que vino a destapar una enorme cloaca en el estado en la que están múltiples nombres de empresarios y de la política poblana e, incluso, nacional.
La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), a raíz de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero y evasión fiscal, permitió rastrear el traslado de 622.7 millones de pesos a través de al menos 30 empresas creadas en menos de 24 meses por Daniel Tavera, en los estados de Puebla y Tlaxcala.
A la par, el Gobierno del Estado inició sus propias investigaciones en actos administrativos gubernamentales donde aparecen las empresas constituidas por Tavera Ramos, realizando un “barrido” de manera retroactiva, a partir de este año hasta llegar al ejercicio 2011.
El mandatario Miguel Barbosa Huerta dijo que solicitó una auditoría a la Secretaría de la Función Pública del estado, sobre las áreas de gobierno que entregaron contratos a alguna de las empresas que están involucradas en la red de lavado de dinero.
Indicó que el gobierno estatal tiene registro de las operaciones que se hicieron mediante la expedición y cancelación de CFDI´s (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), lo cual será parte de un informe que pronto se hará público, independientemente de que la Fiscalía continúe con sus investigaciones.
La Fiscalía poblana halló más recursos durante su investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, por lo que ahora suman 622 millones 707 mil 500 pesos.
Lo anterior le permitió a la FGE obtener la vinculación a proceso de Florentino Daniel Tavera, quien permanecerá en la cárcel, gracias al otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva justificada hasta que concluya la investigación complementaria.
Asimismo, el mandatario señaló que, un equipo interinstitucional del gobierno estatal está sistematizando e investigando el “escandaloso asunto” de las empresas factureras en Puebla, para interponer las denuncias penales por el delito de fraude.
Refirió que las empresas que elaboran “facturas falsas” trabajan para dos tipos de personas: los privados que defraudan al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el pago de impuestos y los que consiguen facturas para “tapar hoyos” de operaciones inexistentes o que desvían recursos públicos en el gobierno.
En ese sentido, el mandatario estatal advirtió que “ya tenemos mucho avance en las indagatorias” y hasta externó que la opinión pública se va a sorprender.
Al respecto, Barbosa Huerta explicó que, por el hecho de ser un político organizado, trabaja en un método en el que involucró a un equipo intersecretarial, a fin de dar con los responsables de quienes defraudan con recursos del pueblo.
Incluso, afirmó que cuenta con “toda la información” y que no necesita de testigos protegidos para hacer público cuáles son las empresas factureras y sus compradores.
“Tenemos toda la información, no necesito tener testigos protegidos, hoy tenemos toda la información de todas las linduras que hicieron en el pasado, y sí hay muchas cosas”, adelantó.
Antecedentes
Fue en octubre de 2020 cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que había 21 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra expresidentes municipales por operaciones simuladas con facturas falsas, entre ellos, Leoncio Paisano Arias, José Juan Espinosa, Luis Banck, e incluso actuales alcaldes, como el de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui.
En ese momento, el organismo autónomo argumentó que “no existe evidencia del registro de bienes y servicios facturados que sus ‘proveedores’ hubiesen entregado al Ayuntamiento”. Y es que los domicilios de esas “empresas” contratadas no corresponden con los que están inscritos ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) o no corresponden al giro comercial para el cual prestaban sus servicios, ya que sus ubicaciones son predios, casas habitaciones o locales abandonados.
Un año después, en octubre de 2021, la ASE dio a conocer que había presentado 75 denuncias contra exfuncionarios, tanto a nivel municipal como estatal, en su mayoría, por el delito de operaciones simuladas, mismas que seguían su curso en la Fiscalía Anticorrupción, sin dar más detalles.
Es importante recordar que, en junio de 2021, la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció a Antonio Gali por, presuntamente, desviar más de 100 millones de pesos cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Puebla.
De acuerdo a la denuncia interpuesta ante la FGE, el exalcalde habría usado «factureras» ya identificadas por el SAT.
Para agosto de este año, el gobernador Miguel Barbosa confirmó que había denuncias penales contra el exgobernador Antonio Gali Fayad por el mismo asunto antes mencionado.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que el exgobernador panista Antonio Gali Fayad, el senador y exsecretario de Finanzas, Roberto Moya, y el director de Presupuestos de Rafael Moreno Valle, Eduardo Tovilla Lara, tienen investigaciones en su contra.
Además, comentó que aún están vigentes “muchas” razones sociales que son utilizadas para generar un desfalco fiscal, solapadas por la misma autoridad y empresas privadas que sí están acreditadas.
Barbosa Huerta explicó que estas entidades que no tienen actividades reales se formaron para expedir facturas, las cuales a la postre son canceladas.
Ejemplo de ello es, dijo, el desvío por mil millones de pesos durante la administración de Antonio Gali Fayad en la capital del estado, en la que destinó recursos para una presunta fumigación y limpieza del río Atoyac, que nunca se notó.
En próximas ediciones, Exclusivas Puebla revelará información referente a estas factureras y sus operaciones con los gobiernos estatales de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, revelando contratos, montos, nombres y modus operandis de estos actos, por lo que invita a sus lectores a permanecer atentos de las investigaciones periodísticas realizadas al respecto.
