En dicha sesión aprobaron la reforma a la Ley de Educación, propuesta del Gobierno estatal
Jesús Lemus
La LX Legislatura arrancó en su primera sesión online a consecuencia del Covid-19, en la que avalaron en lo general la Ley de Educación planteada por el Gobierno del Estado, que faculta a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para fiscalizar a las universidades públicas, se regulen las colegiaturas en escuelas privadas y se castigue la retención de documentos, así como la expedición de certificados irregulares.
Fueron los diputados de Movimiento Ciudadano y PAN, Carlos Morales Álvarez, Oswaldo Jiménez López y Mónica Rodríguez Della Vecchia, quienes hicieron hasta lo imposible para evitar la aprobación del tema, bajo el argumento de que urgía nutrirse con foros donde se permitiera la participación de las universidades.
Inmediatamente el bloque de Juntos Haremos Historia salió a la defensa del tema, pues los diputados de Morena, Gabriel Biestro Medinilla y Olga Lucía Romero, coincidieron en que la reforma que se homologará con la Federación, democratizará la educación en todo el estado de Puebla.
La diputada del PES, Nora Merino Escamilla, explicó que la regulación de los nombres en las escuelas, sólo aplicará para las públicas para evitar que funcionarios públicos las titulen con su nombre o de familiares, como ocurrió con el ex gobernador Mario Marín Torres y una institución que llamó con el nombre de su mamá Blandina Torres.
Con base en el documento, la Auditoría Superior del Estado (ASE) podrá fiscalizar el dinero que manejen escuelas públicas y se enfatiza que, en caso de anomalías en el gasto, habrá procesos penales y civiles en contra de los responsables.
También se fija que la Secretaría de Educación revisará las cuotas de escuelas privadas; es decir, las colegiaturas, que en caso de representar un exceso para los estudiantes, el gobierno impondría multas de hasta un millón de pesos.
También se avaló que los inmuebles de las particulares sean declarados parte del Sistema Educativo Estatal, además de establecer que habrá colores neutros en todos los edificios y se evitará poner el nombre a escuelas basándose en el nombre de funcionarios.
Además de que las escuelas privadas que retengan documentos personales y académicos por falta de pago serán acreedores a una multa por 434 mil 440 pesos, además de una sanción económica por un millón 302 mil pesos en caso de expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos.