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Daniela Rojano/Ismael Bermejo
Los diputados que integran la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado aprobaron los dictámenes de la Ley 3 de 3 contra la violencia, de esta manera ninguna persona agresora podrá llegar a ningún cargo político o de gobierno.
Asimismo, aprobaron la reducción de edad para poder ser legisladores federales y secretarios de estado, quedando en 18 y 25 años, respectivamente.
La Ley 3 de 3 busca impedir a los agresores sexuales, deudores alimentarios y con sentencia por violencia política de género ocupen cargos de elección popular y en el servicio público, con la finalidad de que no participen en el proceso electoral del 2024. Esta ley es un ejemplo en México, es de una sociedad civil que pasa de la queja a la acción, con el fin de mejorar las instituciones y poder combatir la corrupción.
Es por ello que ingresó este lunes 15 de mayo al Congreso del Estado de Puebla para su aprobación, con el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por consecuencia tendrán la suspensión de derechos para ocupar cargos, empleos o comisiones del servicio público, esta misma fue aprobada el día 28 de abril por el Senado de la República.
El dictamen tiene que ser aprobado por lo menos de 17 de los 32 congresos locales en existencia, esto tiene que ocurrir antes de que se cierre la sesión de periodo ordinario, para que aplique a partir del 2024. Hasta el momento, nueve congresos estatales han avalado la Ley 3 de 3, los cuales son Baja California, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz.
El Congreso local debe modificar la misma Constitución local, la legislación que sea necesaria, con el fin de cumplir con el decreto. Con dichas reformas se suspenden los derechos de los ciudadanos que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres, en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
También quedarán suspendidos los derechos o prerrogativas de personas declaradas como deudores alimentarios morosos, por consecuencia, no podrán ser elegidos como candidatos para cualquier cargo electoral popular, ni para ser empleados de algún cargo o comisión del servicio público.
