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El Gobierno de Francia autorizó la implementación de toques de queda parciales en distintas localidades, luego de un fin de semana de protestas, enfrentamientos y saqueos que dejaron miles de detenidos y daños en comercios y edificios públicos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció que los alcaldes podrán aplicar restricciones cuando lo consideren necesario, mientras las autoridades buscan recuperar el control de las zonas afectadas.
Marsella, la segunda ciudad más grande del país, prohibió las reuniones públicas entre las 12:00 y las 20:00 horas. En otras localidades del norte, como Lille, Douai, Wattignies y Denain, se establecieron restricciones nocturnas, mientras que en Coulaines la prohibición de circular por las calles se aplicó a menores de edad.
Las medidas se anunciaron después de que las autoridades reportaran más de 2 mil 500 arrestos y cerca de mil agentes heridos durante las movilizaciones del fin de semana. El ministro del Interior, Laurent Núñez, reconoció previamente que la policía había perdido el control en algunas ciudades. Aunque presentó su dimisión el domingo, el presidente Emmanuel Macron la rechazó ante la necesidad de mantener al frente de las fuerzas de seguridad a sus responsables actuales.
Tras una reunión de emergencia, Lecornu advirtió que el Gobierno no permitirá que los grupos violentos impongan sus objetivos mediante el caos y los saqueos. También anunció que se destinarán recursos para la recuperación de las zonas afectadas, pero adelantó que buscarán mecanismos legales para que quienes hayan provocado daños materiales asuman los costos. Además, se habilitará un fondo de desempleo parcial para apoyar a las personas que no pudieron trabajar debido a los disturbios.
El primer ministro atribuyó parte de la violencia a grupos radicales de extrema izquierda, a los que acusó de intentar desestabilizar el país de cara a las próximas elecciones presidenciales. En respuesta, anunció que se reforzará la seguridad durante futuros actos y concentraciones políticas. Por su parte, Núñez informó que alrededor de 200 investigadores analizan grabaciones de cámaras de vigilancia para identificar a las personas presuntamente involucradas en los actos violentos.
Los disturbios también tuvieron consecuencias económicas importantes. De acuerdo con Alain Di Crescenzo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Francia, más de 2 mil establecimientos y negocios resultaron afectados, con pérdidas estimadas en cientos de millones de euros. En Limoges, un incendio devastó el histórico edificio del Ayuntamiento, cuya torre del reloj y tejado colapsaron a consecuencia de las llamas.
Las protestas comenzaron el mes pasado con estudiantes que exigían mejores condiciones en sus escuelas, pero se extendieron para incorporar demandas relacionadas con el costo de la vida, el aumento de los precios del combustible y el deterioro de los servicios públicos. A las movilizaciones se sumaron sindicatos y otros sectores sociales. Según el Ministerio del Interior, unas 550 mil personas participaron en alrededor de 110 marchas durante el sábado, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) calculó una asistencia de hasta 800 mil personas.
En medio de la crisis, el Gobierno centrista y la oposición intercambiaron acusaciones sobre las causas de la violencia. Mientras el Ejecutivo responsabilizó a sectores de la extrema izquierda, sus dirigentes señalaron la gestión gubernamental y la actuación policial como factores que agravaron el descontento. Por su parte, Jordan Bardella, presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional, responsabilizó a lo que describió como décadas de debilidad frente al crimen y aprovechó los disturbios para reforzar sus críticas al Gobierno. Macron, en tanto, pidió distinguir entre las demandas legítimas de los manifestantes pacíficos y los actos de quienes participaron en destrozos y saqueos.
