El Financiero

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó la tarde del viernes el decreto de la reforma de subcontratación. Con ello, a partir de este 24 de abril comenzó a correr el plazo para que las empresas realicen los ajustes necesarios para cumplir con las nuevas reglas, como transferir a su nómina al personal que estaba subcontratado. Tienen hasta el 1 de agosto de este 2020.

Por la mañana, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde explicó que con esa modificación legislativas se prohíbe la subcontratación de personal. Es decir, “la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa, las famosas nomineras o empresas que se creaban con el único objetivo de aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva”.

A partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes, las empresas que cuenten con esquemas de subcontratación de personal tendrán tres meses de plazo para transferir a sus nóminas a las trabajadores y los trabajadores que se encuentren laborando bajo esta modalidad, ya sea a través de insourcing o de contratos de transferencia de personal.

Si al cumplirse el plazo que se concedió para la plena entrada en vigor de esta reforma alguna organización sigue operando bajo esas condiciones, la parte patronal estaría cometiendo el delito de defraudación fiscal y podría enfrentar una pena de prisión de hasta 10 años. O, en su caso, multas de hasta 4 millones de pesos.

El gobierno federal estima que más de 4.5 millones de personas laboran bajo el esquema de outsourcing. Y, de acuerdo con la STPS, varias empresas se han adelantado y ya contrataron de manera directa a 300,000 personas.

Al prohibir esta forma de subcontratación, “las empresas deberán reconocer como trabajadores propios a todos aquellos que realizan las actividades principales de sus empresas. Es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante”, explicó la secretaria del Trabajo.

Las empresas tendrán tres meses de plazo para adaptarse a las nuevas reglas de subcontratación, el gobierno federal y las entidades públicas tendrán, como patrones, lo que resta del año para hacer los ajustes para incluir dentro de su plantilla de servidores públicos a las personas trabajadoras que actualmente laboran bajo esquemas de subcontratación para el Estado.

No más contratos por un tercero

Así mismo, con la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, las empresas ya no podrán realizar contrataciones utilizando a empresas tercerizadoras (outsourcing) o bajo una razón social distinta (insourcing), además de que  se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento.

Luego de la reunión con los representantes de los sectores de la producción -sindicatos y empleadores en Palacio Nacional- el Ejecutivo Federal publicó, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), las modificaciones a 6 legislaciones para transitar a un nuevo modelo en las relaciones laborales en el país.

Asimismo, es importante destacar los 8 puntos fundamentales que integran la reforma: Se prohíbe la subcontratación de personal; se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante; habrá un registro obligatorio de empresas de subcontratación especializada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), previa acreditación de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Asimismo, las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento y para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo.

Es evidente que el Ejecutivo adelantó la promulgación de la reforma, la cual se esperaba para el 1 de mayo, Día del Trabajo; “pero aun así, el Congreso ya había definido los tiempos para su implementación. La dependencia del Trabajo tendrá 30 para dar a conocer el reglamento para las empresas que deban registrarse en el padrón; como también las empresas tienen 3 meses para regularizarse y transferir a sus trabajadores, reconociéndolos como propios”, destacó Germán de Garza de Vecci, socio líder de Servicios Laborales en Deloitte México.

Mantienen inversiones

Por otra parte, las grandes empresas tercerizadoras, afiliadas a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), anunciaron que mantendrán sus operaciones en el país; y reconocen que sí habrá un impacto en las compañías que aún no se ha determinado.

“Si hay una afectación a la operación y facturación en nuestras empresas al prohibirse la subcontratación de personal; sin embargo, las empresas de capital humano seguiremos ofreciendo los servicios relacionados con todo el ciclo de la administración de recursos humanos incluyendo la maquila de nómina, todo excepto tener a los empleados en su registro patronal. Por otro lado, algunas empresas que tienen la capacidad y experiencia también ofrecerán sus servicios especializados o ejecución de obra especializada en las actividades que no forman parte del objeto social ni sean la actividad económica preponderante de sus clientes”, dijo Héctor Márquez Pitol, presidente de la AMECH.

Márquez Pitol agregó que “las empresas que formamos parte de la AMECH evolucionamos y seguiremos adaptándonos para cumplir con todas las leyes y reglamentos como siempre lo hemos hecho. Todas nuestras empresas están transformándose para poder continuar y ofrecer servicios y obras especializadas a partir del 1 de agosto”.