Enredados

Por: Felipe Flores Núñez

En esta nueva era de la información y la tecnología, lo más común ahora es formar parte de una red social, entendida ésta como “un conjunto de grupos relacionados unos con otros, con intereses en común y que conforman un espacio que propicia la convivencia”. De esta forma, todos nos hemos convertido potencialmente en constantes emisores y receptores de mensajes, aunque no todos en ese ejercicio de inagotable flujo informativo lo hagamos con la responsabilidad que exige ese compromiso. Y este no es un asunto menor. Ciertamente, las plataformas como Facebook, Instagram y Twitter han logrado una prevalencia inimaginable. Según datos recientes, el número de usuarios de redes sociales en el mundo supera ya los 2 mil 77 millones. En México se calcula que casi el 45 por ciento de la población es asidua a las redes sociales, lo cual es altamente significativo.

Y preocupante también. Sin dejar de reconocer que tales recursos tecnológicos tienen un enorme poderío y son de incuestionable utilidad como herramientas para construir y mejorar las relaciones humanas, siempre será oportuno cuestionar el uso inapropiado al que recurre un alto porcentaje de los usuarios. Las redes sociales son en efecto eficientes instrumentos de comunicación, especialmente cuando sus contenidos están orientados a transmitir información fidedigna o de interés y beneficio social. También cuando son espacio para el debate público o para la denuncia ciudadana, en cuyos casos llegan a ser incluso un referente para los medios tradicionales, que le dan secuencia, profundidad y análisis a hecho de interés público. Los ejemplos sobran, expongo dos casos recientes: Fue a través de las redes sociales como nos enteramos del saqueo de piezas de cantería de alto valor histórico del Antiguo Hospital de San Roque. La oportuna denuncia hecha por un grupo de activistas no sólo contuvo el robo que se cometía, sino logró la recuperación del inmueble.

Tras la intervención de las autoridades del gobierno estatal y de la Delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se supo que dicho inmueble que data del siglo XVI, había sido concedido a comodato a un particular por 30 años, para desarrollar ahí un proyecto denominado “Museo de cera y tecnología”. En el predio de 2 mil 686 metros dese hace varias semanas se realizaban diversas obras, que no habían sido reportados al INAH, como lo obliga la ley. De ahí que los trabajos fueran suspendidos, se procediera a revisar los contratos respectivos e incluso, a la formulación de una denuncia por robo y daños. De esta manera, a partir de un mensaje que fue replicado en redes se causó una pronta reacción ciudadana y de la autoridad, tema que los medios locales ampliaron y provocaron acciones que finalmente permitieron preservar un patrimonio histórico. Otro ejemplo reciente que dimensiona el valor de un manejo eficiente y adecuado de información en redes sociales es el relativo a los mensajes de alerta y de datos útiles que ha enviado el gobierno estatal, con motivo de la intensa actividad del volcán Popocatépetl.

Como es sabido, en las semanas recientes han ocurrido dos fuertes explosiones y varios incidentes sísmicos y de emisión de ceniza y gases que no solo han alarmado a la población, sino que la hacen preocuparse ante la posibilidad de un evento de mayores consecuencias. En sus cuentas oficiales se ha informado con puntualidad y a detalle lo ocurrido y ofrecido la información adecuada sobre la actividad del volcán, las medidas preventivas que deben asumirse y cuál debería ser el comportamiento de los ciudadanos en un caso de emergencia mayor. He aquí un caso sobre el servicio social que puede prestarse a través de las redes. En sentido adverso, debe asumirse que con frecuencia se presentan casos de un manejo irresponsable, muchas veces intencionado, actitud que nos ha conducido a una polarización social que a nadie conviene. En ese ámbito caben no sólo las disputas de tufo político en las que cotidiana y encarnizadamente se enfrascan amplios grupos sociales, los más notorios, quienes se ubican entre los llamados “fifís” y los “chairos”.

 Hay también un amplio segmento de la población que usa estas plataformas como arena pública, como un espacio propicio para agredir, descalificar y denostar, casi siempre sin argumentos o utilizando información falsa. ¿Por qué y para qué? Es en ese vertiginoso ametrallamiento que se dio el caso, por demás lamentable, del reciente suicidio del músico Armando Vega-Gil, quien más allá de una presunta responsabilidad, fue víctima del escarnio y de un enjuiciamiento público absolutamente inapropiado. El grupo de rock Botellita de Jerez al que pertenecía no hace responsable al movimiento #Me Too, que publicó una denuncia anónima por acoso sexual, no obstante pidió que haya marcos éticos para que las acusaciones públicas de afectados no sean una exhibición mediática o un linchamiento de inocentes. Este caso debería obligarnos a reflexionar sobre la necesidad de generar conciencia y promover protocolos que permitan un manejo responsable de las redes sociales. De no hacerlo pronto acabaremos enredados, sin una posibilidad de salvación.