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Pese a que para abril la cifra de denuncias disminuyó 22% respecto a mayo, no deja de ser un tema preocupante para las legisladoras
Jesús Lemus
La violencia familiar que se podría generar durante esta crisis del Covid-19, se convirtió en una lucha constante de algunas diputadas locales en el Congreso del Estado, que confían en las autoridades para atender los llamados y así evitar estos escenarios en contra de las mujeres.
La diputada del Partido del PT, Guadalupe Muciño Muñoz, fue más allá y dijo que con base en los datos que tiene y, según provienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las llamadas al 911 revelan un aumento en 832, de las cuales el 12 por ciento son peticiones para ayudar a mujeres que sufren de violencia familiar durante la contingencia.
Argumentó que propuso una reforma a la Ley para Una Vida Libre de Violencia, que tiene como finalidad llevar a mujeres violentadas a un refugio especial, mientras dure una crisis sanitaria o de desastre natural.
En tanto que la diputada de Morena, Vianey García Romero, señaló que este exhorto no sólo debe aplicar para el Gobierno del Estado, a fin de garantizar la seguridad de las mujeres que se sientan amenazadas durante esta pandemia.
Dijo que la Fiscalía General Estado (FGE) debe aplicar mecanismos para presentar durante esta pandemia las denuncias por violencia de género, dejando en claro que no deben ser letra muerta porque en ocasiones los ataques que sufren las mujeres, llegan a convertirse en algo más grave como el feminicidio.
“Debe implementar estrategias y acciones tendientes a facilitar la presentación y atención de denuncias de mujeres víctimas del delito de violencia a causa de la implementación de medidas de confinamiento derivadas de Covid-19”.
Apenas el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) emitió su reciente informe sobre los delitos que se cometen en Puebla, tema que se convirtió en una prioridad para las diputadas locales.
Los datos de este organismo federal explican que durante abril se presentaron un total de 766 denuncias, mientras que en marzo la cifra fue de 981 querellas ante la Fiscalía General del Estado; es decir, hubo una reducción aproximada del 22 por ciento.
