Eduardo Sánchez

 La reducción de recursos al programa federal de estancias infantiles ha causado un gran revuelo durante los últimos meses e instituciones políticas han aprovechado para pronunciarse en contra de las nuevas medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que políticos de estos partidos fueron los principales beneficiarios desde su implementación. El programa se implementó durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, mediante la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con la finalidad de apoyar a madres trabajadoras, sin embargo, desde esa administración se expusieron múltiples errores en su planificación, así como se ligaron al delito de lavado de dinero.

PAN Y PRI, ANTES QUE LOS NIÑOS

 Uno de los casos que destapó el problema fue el de la guardería ABC, de Sonora, cuya dueña era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente de México. Un incendio en una bodega aledaña se extendió hasta el inmueble el 5 de junio de 2009 y, por el cual, murieron 49 niños y 106 resultaron gravemente heridos. Tras el hecho, Marcia fue absuelta del proceso penal por los 49 cargos de homicidio que se le imputaron y de 106 lesiones dolosas, así como su marido Antonio Salido, funcionario estatal, cuando Eduardo Bours era gobernador de Sonora, y quien era copropietario de la guardería. Aunado a esto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, declaró en febrero que el gobierno de Calderón destinó parte de los subsidios de las estancias infantiles a financiar proyectos de proselitismo electoral del PAN.

La legisladora también recordó que diversas investigaciones periodísticas de 2009 revelaron que el 80 por ciento de las estancias que ahora funcionan fueron autorizadas durante los dos primeros años de la administración panista y la gran mayoría se otorgaron a personas vinculadas con el ex presidente y con su esposa, como en el caso de la guardería ABC. Agregó que las estancias también presentaron irregularidades en las listas que entregaban a la Sedesol, esto también fue mencionado por López Obrador, quien justificó su decisión señalando que estas guarderías han operado sin una normatividad, pues muchas de ellas no cumplen con las medidas de seguridad.

Por si fuera poco, durante el tercer año de gobierno de Calderón, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que desde 2007 la Estancia Infantil Niño Feliz está ligada con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, ubicándose ésta en Culiacán, Sinaloa, por lo que estaba siendo investigada por el delito de lavado de dinero. Pero no hay que ir tan lejos para encontrar estos casos de corrupción, pues durante el último año, Puebla vivió un aumento en las irregularidades del programa que llevaron al titular del Ejecutivo a deshacerse de los intermediaros como vía de resolución. Entre éstas se encuentra el registro de niños que no existen, únicamente para que titulares de las estancias pudieran recibir el apoyo federal de 950 pesos. En este ámbito, son cerca de 17 mil niños adscritos al programa Estancias Infantiles y que la Sedesol se encargaba de auditar. El priista Lorenzo Rivera Sosa, quien ocupó el cargo hacia el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto y con él llegó Jorge León Lecona, quien fue coordinador del programa de estancias infantiles. Entre las irregularidades se encontraba el incumplimiento en el pago del subsidio al mes devengado, mismo que fue denunciado por los encargados de éstas. En Puebla hay 502 estancias y, de las cuales, las reglas de operación señalaban que durante los primeros 15 días de cada mes, el Gobierno Federal paga 950 pesos por niño atendido mensualmente, pero desde el mes de agosto, del monto total de recurso que ascendía a 57 mil pesos sólo se entregaron 21 mil.

Por si fuera poco, Jorge León pedía “moches” de 30 mil a 70 mil pesos a los interesados en dar de alta una estancia infantil, con tal de acelerar el trámite, una vez abiertas, la Sedesol entregaba una ayuda inicial de hasta 70 mil pesos, mismos que eran dados a Jorge León como pago por la ayuda, según Rodolfo Ruiz en su columna del 24 de diciembre de 2018. Por otro lado, se reveló que durante el periodo de campañas del año pasado, personal de la Sedesol acudía a instancias infantiles para levantar encuestas, todas ellas de carácter político y con referencia a la elección de presidente. Con todas estas acusaciones y hechos que ha atraído el programa desde hace 10 años ¿Es difícil no imaginar que el principal beneficiario del programa de apoyo a madres trabajadoras no eran otros más que los partidos políticos, que se habían apropiado de dependencias de gobierno para su beneficio?

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