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Un total de 523 activistas, académicos y ciudadanos estiman que la propuesta parte de una estigmatización injusta y sin sustento de la totalidad de los cuerpos policiales del país
Huffignton Post
El pasado 14 de noviembre, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, entre cuyos ejes está la creación de una Guardia Nacional para combatir la violencia e inseguridad en el país. Un grupo de 128 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo a la Guardia Nacional propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a quien le hicieron un llamado para detener la reforma constitucional para crearla pues consideran que es “una falsa salida a la crisis de inseguridad” que azota al país. A través de un comunicado, firmado por 523 activistas, académicos y ciudadanos, recordaron que en el pasado, López Obrador y su equipo habían expresado que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados. Obviando sus promesas públicas, ignorando consideraciones empíricas y políticas fundamentales, así como la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de diversos organismos internacionales, el Presidente electo y su equipo decidieron optar por una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna, y anunciarlo justo cuando se conoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación probablemente invalidaría la Ley de Seguridad Interior”.
Los inconformes argumentaron que las dinámicas delictivas y complejas que vive México, responden a factores socioeconómicos y criminógenos que deben atenderse mediante acciones de prevención focalizadas y capacidades de investigación propias de instituciones policiales, tanto a nivel federal como local. Advirtieron que, al crear la Guardia Nacional, los mandos militares serán, inevitablemente, actores políticos de primer orden, trastocando eventualmente el Pacto Federal y absorbiendo atribuciones que, hasta hoy, han correspondido a las autoridades civiles. Y consideraron que la decisión parte de una estigmatización injusta y sin sustento de la totalidad de los cuerpos policiales del país. Es evidente que la mayor parte de ellos subsisten en condiciones precarias, incluidos salarios, prestaciones, infraestructura, equipamiento y profesionalización, con regímenes laborales por demás abusivos, pero ello no implica desechar los esfuerzos y recursos invertidos en materia policial durante décadas.
