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Aristegui Noticias
La reforma en materia de subcontratación buscará poner orden en todo lo relacionado con el outsourcing, el cual ha sido utilizado como una forma de defraudación fiscal y, sobre todo, como un mecanismo para afectar a los trabajadores, porque de esta manera los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, como el aguinaldo o reparto de utilidades, señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La regulación del outsourcing ya se intentó, pero hay empresas que no ayudan. Hay empresarios muy responsables, pero hay otros que, en estricto sentido, ni siquiera son empresarios, son coyotes y traficantes de influencias que abusaron de estos mecanismos de contratación y afectaron a los trabajadores, señaló López Obrador.
“Este mecanismo se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicio, pero se deformó, se echó a perder. Hay despachos que se dedican a estas actuaciones, a estos procedimientos que tienen miles de trabajadores”, dijo en conferencia matutina.
La iniciativa está integrada por modificaciones y armonización de Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal, Ley del ISR y Ley del IVA, explicó Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social.
La propuesta consiste en regular tres figuras:
Subcontratación de personal: se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
“No puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros”, apuntó.
Servicios especializados y obras especializadas: se permite y se regula la prestación de servicios especializados u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos.
“Se va a requerir para ello una autorización de la STPS y formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano”, precisó.
Agencias de colocación: podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, con lo que tiene que ver en el reclutamiento, selección, entrenamiento o capacitación.
“En ningún caso, el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución”, expuso.
Alcalde Luján sostuvo que se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan, ya que se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que infrinjan.
“Partimos del principio de que el trabajo es un derecho y deber social, no es una mercancía. Por eso proponemos una reforma integral en beneficio de trabajadores, empresas que sí cumplen, institutos de la seguridad social y la hacienda pública”, argumentó.
En la pantalla de Palacio Nacional mostró la gráfica del comportamiento del empleo y comentó que las prácticas de estas empresas consisten en dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero o inicios de febrero, para no generar antigüedad y no adquirir derechos, con lo que se rompe la continuidad de la relación laboral.
Ejemplificó que en diciembre de 2018 la caída fue de 378 mil 560 trabajadores y en diciembre de 2019 fue de 382 mil 210 trabajadores.
“En la reforma laboral 2012, se introdujo la figura de la subcontratación con restricciones que no funcionaron, por lo que se ha exponenciado el abuso de la figura”, enfatizó.
La funcionaria federal dijo que según datos oficiales, hoy en día hay cerca de 4 millones 600 mil trabajadores en este esquema. No obstante, dijo que uno de los principales problemas del outsourcing es que no se tiene registros claros, por lo que se considera que esa cifra es menor a la real.
Refirió que con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el crecimiento anual de este esquema es de 200 mil trabajadores subcontratados, la mitad del personal subcontratado labora para empresas grandes y las industrias manufacturera, turismo y otros servicios concentran la mayoría de la subcontratación.
Agregó que desde el día uno del actual Gobierno Federal se conformó un grupo interinstitucional, integrado por STPS, SAT, Infonavit, Procuraduría Fiscal, UIF e IMSS. A través de este se han realizado siete megaoperativos de inspección a empresas preponderantes con esquemas de subcontratación y 4 mil 709 inspecciones en todo el país.
También se han detectado mil 200 empresas con esquemas de subcontratación ilegal y 862 mil 489 trabajadores con probables afectaciones a sus derechos laborales.
El primer mandatario anunció que la iniciativa se enviará este jueves a la Cámara de Diputados.
“Lo que pasa en diciembre es la prueba fehaciente de cómo maniobran para no cumplir con las obligaciones laborales, cómo afectan a los trabajadores y a la hacienda pública. No es posible que se vienen creando empleos, pero en diciembre, y esto viene de tiempo atrás, se caen los empleos”, externó.
“Es un abuso a una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó. También es importante decir que hay muchas empresas que cumplen, no se puede generalizar. Este fenómeno está orientado, se detecta en las grandes empresas, no en las medianas y pequeñas. Vamos a ordenar esta situación, este es el fundamento”.
Empresas subcontratistas, a favor de una regulación
Omitir el pago de seguridad social e impuestos por el personal contratado ha sido económicamente muy atractivo, y hay quienes lo han aprovechado por años, señaló Héctor Márquez Pitol, director de relaciones institucionales de Manpower, una de las grandes empresas de terciarización.
El atractivo radica en que un trabajador contratado con seguridad social tiene para la empresa un costo 50% por encima del sueldo, de modo que al no cubrir cada 15 días o cada mes el dinero para las cuotas del IMSS, Infonavit y otras, el contratante se queda con ese dinero, agregó Márquez Pitol en entrevista con Aristegui Noticias.
Explicó que una forma típica de hacerlo es registrar al trabajador con solo una parte de su sueldo, y con base en ello pagar los derechos a la seguridad social, y el resto del sueldo se lo dan por fuera, bajo el esquema de honorarios, asimilados a salarios o simplemente se lo depositan, pero no lo reconocen para efectos del pago de impuestos.
“Estamos completamente a favor de que se regule”, añadió.
El director de relaciones institucionales de Manpower expuso que por muchos años nunca se tocó este esquema ilegal de contratación, ni siquiera existía una ley para ello, hasta hace menos de 10 años.
“La gente que hace evasión o elusión fiscal ha encontrado ahí un nicho muy importante que no está regulado”.
El directivo recapituló el posicionamiento del tema en la opinión pública esta semana, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia en una mañanera a las irregularidades en que incurren empresas que no pagan impuestos ni prestaciones sociales a sus trabajadores.
Y aludió a una compañía que tiene una nómina de 20 mil empleados. Son coyotes, traficantes de influencias que abusan, dijo el mandatario en la conferencia matutina del 27 de octubre.
Pese a que el mandatario no la mencionó por su nombre, la empresa que presume manejar una nómina de ese tamaño es GINGruop, de Raúl Beyruti, llamado el Rey del outsourcing.
Dijo Márquez Pitol que al revisar el gobierno a los factureros que no pagan impuestos, con quienes desde luego no se siente cómodo, se dio cuenta de que esa persona tenía un negocio de outsourcing con 200 mil empleados.
Una barbaridad de trabajares, sobre todo si se le compara con Manpower, que es filial de una empresa internacional y hace para terceros 250 mil contrataciones al año, apuntó.
Indicó que si se regulara ese tipo de negocios, los que como Manpower se dedican a la terciarización de forma legal y formal tendrían una competencia digna y justa.
Las factureras son empresas que simulan transacciones con empresas formales, por las cuales les extienden facturas con el fin de que reduzcan artificialmente sus utilidades y, con ello, el pago de impuestos.
Consideró Márquez Pitol que si el gobierno desaparece el outsourcing, no le serviría de nada para el combate a las factureras.
“Ocurre que este tipo de empresas (las factureras) no se constituyen como empresas de terciarización de personal u outsourcing”, sino bajo otras figuras legales, como sindicatos, cooperativas, despachos, etcétera.
Dado que en México se parte de la idea de que lo no prohibido está permitido, esas empresas se constituyen en sindicato o cooperativa para sustituir el sueldo por un pago parcial al trabajador para no tener que retener impuestos ni contribuciones. El esquema más sencillo de todos es el de honorarios, en el que solo se reporta el ISR, agregó Márquez Pitol.
“Por supuesto que no van a reconocerse como una empresa de tercerización de personal porque automáticamente estarían fiscalizados. Si lo que queremos es combatir a este tipo de factureras, realmente el problema no es combatir al outsourcing”.
