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SinEmbargo / Centro de Investigación Económica
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que México concluyó el 2021 con “finanzas robustas, estabilidad macroeconómica y financiera y una deuda pública en niveles sostenibles”.
A través de su Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre del 2021, la SHCP detalló que los empleos perdidos a causa de la pandemia por la COVID-19 fueron recuperados en su totalidad durante el año pasado.
El ingreso presupuestario reportó un incremento anual real del 5.6 por ciento con respecto al cierre del 2020, traduciéndose en la cantidad de 5 billones 960 mil 910 millones de pesos, superando 421 mil 964 millones de pesos en comparación con el programa.
“La recaudación del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) fue mayor a la programada en 144 mil 752 millones de pesos y superior en 7.7 por ciento en términos reales con relación a 2020. Los ingresos por dicho concepto acumulan un crecimiento real de 7.6 por ciento respecto a 2018, que significa un incremento anual promedio de 2.5 por ciento”, mencionó la Secretaría de Hacienda.
Con respecto al comercio exterior, la SHCP informó que con la cantidad de 999 mil 940 millones de dólares, el país llegó a un máximo histórico, representando un incremento de 25 por ciento respecto al 2020 y de 9.2 por ciento al 2019.
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público ascendió a 13 millones 114 mil 784.1 pesos, cantidad equivalente al 50.1 por ciento del PIB. Sin embargo, dicho resultado “se compara favorablemente con el nivel de 51.7 por ciento del PIB observado al cierre de 2020 y con la estimación de 51 por ciento del PIB publicada en los Criterios Generales de Política Económica 2022”, destaca.
Hacienda atribuyó este último logro “a la estrategia activa del Gobierno de México para refinanciar sus pasivos tanto en los mercados internacionales como locales”.
Además, detalló que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante este año, México reducirá sus presiones fiscales, siendo menores que las del resto de economías emergentes; así como una deuda estable.
LOS OTROS DATOS…
Pese al anterior reporte oficial optimista, Ricardo Cantú, de la asociación civil Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en su Reporte sobre sostenibilidad fiscal opina que desde 2009, los ingresos públicos no han sido suficientes para cubrir la totalidad del gasto público y derivado de la crisis por la Covid-19 se amplió esta brecha, lo que ha resultado en un mayor endeudamiento público.
Aunado a esto, la sostenibilidad de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se basa en supuestos macroeconómicos optimistas que, de no cumplirse, pondrían en riesgo su sostenibilidad. En este sentido, el presupuesto aprobado para 2022 traslada costos hacia las futuras generaciones, aumentando con ello la inequidad fiscal. Al proyectar este presupuesto, junto a los niveles de recaudación y considerando el efecto de la transición demográfica, la deuda pública podría ascender a 69% del PIB para 2030.
Las políticas públicas no sostenibles son aquellas donde el gobierno requerirá, en un futuro, aumentar la carga impositiva o recortar los bienes y servicios públicos para hacer frente al desbalance entre los ingresos y el gasto público. En contraste, la sostenibilidad fiscal existe cuando la carga impositiva es justa y balanceada entre las personas actualmente vivas y las futuras generaciones. Por ejemplo, hoy en día, se pagan, mediante impuestos y contribuciones, los intereses de la deuda que fue adquirida en el pasado.
Si bien la deuda pública no es mala en sí misma, pues representa una fuente de financiamiento, puede volverse una carga para el presupuesto si estos recursos no son invertidos en la obtención de un beneficio económico, tal y como lo establece el artículo 17 de la CPEUM.
Para 2022, se espera que el SHRFSP, la medida más amplia de la deuda pública, ascienda a 14 billones 332 mmdp. Esto implica que cada habitante debería $113 mil 352 pesos, si se dividiera equitativamente. A su vez, el presupuesto destinado al pago de intereses equivale a 2.9% del PIB, lo que representa 93.5% de todo el presupuesto para educación pública.
El documento analiza la trayectoria actual de la deuda pública, así como sus implicaciones para las generaciones presentes y futuras. El objetivo es observar el efecto del presupuesto público 2022 en la sostenibilidad fiscal de México.
Antes de la crisis por la Covid-19, el endeudamiento público había disminuido ligeramente debido a que, en 2017, Banxico transfirió recursos al gobierno federal por concepto de su remanente de operación, así como por las políticas de austeridad que iniciaron en 2019. Sin embargo, en 2020 y debido a la pandemia, los ingresos públicos cayeron 3.6% real, mientras que el gasto aumentó 0.6% real. Esto dio como resultado un incremento real de 55.5% en el endeudamiento presupuestario, al pasar de 407 mmdp en 2019 a 655 mmdp al cierre de 2020.
Para 2022, serían dos años en que el gasto crece más que los ingresos, por lo que la brecha entre ambos provocaría el endeudamiento más elevado en los últimos seis años, ascendiendo a 875 mmdp (3.1% PIB). Esto debido a que el gasto aumentaría 1.5% respecto al valor esperado al cierre de 2021 y los ingresos sólo crecerían 1.3%. En este contexto, los ingresos aumentarían a niveles observados previos a la pandemia y el gasto sería el más alto en los últimos años.
Se proyecta que, para los años posteriores, los ingresos públicos sean insuficientes para cubrir las necesidades del gasto. Por un lado, la crisis por la Covid-19 aumentó las demandas de gasto a corto, mediano y largo plazo, lo que se traduce en una trayectoria ascendente del presupuesto para los siguientes años. Por otro lado, los ingresos públicos cayeron a niveles de 2015 y aunque se estima una senda de recuperación, se espera que tenga un máximo de crecimiento en 2023 (3.2%), a partir del cual disminuiría a un ritmo de 2.0% entre 2024 y 2027, de acuerdo con datos de la SHCP (2021).