Agencias
Familiares y acompañantes realizan una manifestación para conmemorar 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Ciudad de México, el 26 de abril de 2018. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la llamada “verdad histórica” –la tesis del gobierno federal para explicar la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Aytozinapa– quedó sepultada. “La verdad no omite calificativos, se ha hecho para distorsionar en el fondo los hechos. Yo creo que con la sentencia (del Primer Tribunal Colegiado) quedó establecido que la ‘verdad histórica’ quedó sepultada”, dijo el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, durante la presentación del balance del primer año del Mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, celebrado en Washington, Estados Unidos. Vargas hizo referencia al revés que sufrió el gobierno federal tras darse a conocer esta semana que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas, ordenó “reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas”, además de pedir la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala. Sobre la respuesta de la Procuraduría General de la República (PRG) de que el tribunal “desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal” que faculta la Constitución, la CIDH criticó que “no hay un cambio en la narrativa del caso que deje atrás ‘verdad histórica’ que el tribunal ha señala – do como una verdad insostenible por una nueva narrativa apegada a lo que ha dicho la Comisión, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), de una revisión autónoma parcial e independiente de toda la investigación que obra el expediente”.
De acuerdo con el informe de la CIDH, a cuarenta y cuatro meses de la desaparición de los estudiantes no solo el paradero sigue siendo desconocido, sino que “siguen pendientes y abiertas líneas de investigación que deben profundizarse” para conocer la verdad de lo sucedido la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Es una investigación exageradamente lenta. No puedo concebir que llevemos tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente. La CIDH dijo que en el caso hay varios pendientes como: los expedientes estatales no se han integrado a la investigación estatal; hay diligencias incompletas (de policías municipales, estatales, investigación de los militares y de la plantilla completa de la policía federal involucrada en el caso); no hay consignaciones por desapariciones forzadas; por qué algunos de los teléfonos de los estudiantes fueron usados días después por las fuerzas de seguridad estatales. Sobre un posible involucramiento de la policía estatal, la CIDH considera urgente que se aclare por qué hubo reuniones en el C4 en la tarde del 26 de septiembre, poco antes de que ocurrieran los “lamentables sucesos”. “¿Funcionó como un centro de coordinación? ¿Qué ocurrió ahí?”, preguntó el comisionado Vargas. Aunque la “verdad histórica” sostiene que los 43 estudiantes normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, un reciente estudio de la revista Fire Safety Journal sostuvo que es imposible que una pira a cielo abierto haya reducido a cenizas, sin dejar rastros de materia orgánica, 43 cuerpos humanos.
