Proceso
La Cámara de Diputados impugnó la resolución del juez Juan Pablo Gómez Fierro que la semana pasada suspendió las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En entrevista colectiva, el director general jurídico de San Lázaro, Luis Genaro Vázquez Colmenares, informó que la queja se presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito por considerar que el juzgador se extralimitó en sus funciones al declarar la suspensión general de la ley.
En este sentido, López Obrador reiteró que una familia de clase popular y un propietario de una pequeña tienda de abarrotes paga más por consumo de luz eléctrica que un almacén de “Oxxo”.
Durante la conferencia mañanera que se realiza en el estado de Veracruz, López Obrador advirtió que su gobierno llegará “hasta las ultimas consecuencias” y que el tema de los amparos que interponen empresas y particulares contra su reforma eléctrica lo convertirá en “asunto de debate nacional”.
El mandatario dijo que el amparo solicitado por las empresas Walmart y Bimbo se debe a que ambas compañías fueron beneficiadas con la reforma energética impuesta por el gobierno federal anterior.
“Si constituían una empresa para generar energía, además si esa empresa producía energía eólica, energía limpia, recibían subsidio y al final cobraban o mejor dicho compraban la energía eléctrica más barata que los consumidores, que lo que pagan la mayoría de los mexicanos”, explicó AMLO.
Enseguida consideró que su reforma eléctrica busca evitar que las grandes empresas “se queden con el subsidio porque eso significa entregar presupuesto público a las grandes corporaciones” y agregó:
“Se tenía la percepción porque engañaban de que el subsidio se lo daban al consumidor domiciliario y eso no es verdad. Los grandes subsidios en la electricidad son para las empresas comerciales”, y puso el siguiente ejemplo:
“Para que tengan una idea porque siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega: Paga más una familia de clase popular o clase media que lo que paga de luz un Oxxo, y paga mucho más un dueño de una tienda de abarrotes de una colonia que lo que paga un Oxxo”, aseguró el mandatario.
El presidente de México dijo que se tiene que “proteger” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de lo contrario, afirmó, sería como el pago de los impuestos: “Los de arriba no pagaban o se les devuelven los impuestos y el pueblo raso pagaban los impuestos”.
“No queremos ya privilegios tiene que haber igualdad, cómo es posible que los que más tienen son los que más reciben del gobierno, es el mundo al revés; ¿Cómo se le va a estar dando siempre a los de arriba y no apoyar al pueblo?”, remató López Obrador.
Bimbo y Walmart se ampararon contra la reforma
Sobre el amparo tramitado por las dos empresas mencionadas, López Obrador se preguntó: ¿y qué tiene que ver Bimbo y Walmart con la industria eléctrica”.
Explicó que, con la reforma energética, las grandes corporaciones podían constituir una empresa para la generación de energía limpia, con lo que recibirían un subsidio que les permitía comprar la energía eléctrica más barata que los consumidores.
“Ya no queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio porque todo eso significa entregar presupuesto público, que es dinero de todos, a las grandes corporaciones. Se tenía la percepción de que el subsidio se lo daban al consumidor domiciliario, a una familia, no. Los grandes subsidios en la electricidad son para las empresas comerciales”, criticó.
Ni Walmart de México ni Grupo Bimbo respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre lo dicho por el titular del Ejecutivo.
López Obrador reiteró que si los amparos promovidos alcanzan para declarar la inconstitucionalidad de la reforma, entonces planteará reformar la Constitución para permitir la aplicación de la nueva ley, que busca proteger a la Comisión Federal de Electricidad.
“Vamos a que resuelva la Suprema Corte”, dijo tras contemplar que “seguramente” el tema llegará al máximo tribunal.
Adelantó que en caso de que la Corte declare inconstitucional la reforma, buscaría que la Carta Magna quede con el texto referente a la industria eléctrica que estaba en tiempos del presidente Adolfo López Mateos, quien gobernó entre 1958 y 1964.
La semana pasada, un juez federal concedió los primeros amparos para detener la aplicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por considerar que privilegia el uso de energías contaminantes, lo que va en contra de los derechos a la salud y medio ambiente sano establecidos por la Constitución.
Juez frena definitivamente la implementación eléctrica
Es preciso recordar que el jueves de la semana pasada, un juez especializado en competencia económica otorgó dos suspensiones definitivas contra la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), con lo cual puso freno a la intención del gobierno de cambiar las reglas del juego a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en Competencia Económica, fue quien concedió las suspensiones luego de que en días anteriores otorgó suspensiones provisionales, lo que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a pedir una investigación en su contra.
Con las medidas, el juzgador frena cualquier cambio en el funcionamiento del sistema eléctrico del país hasta que el Poder Judicial declare si la reforma es constitucional o no.
Aunque las suspensiones fueron otorgadas por separado a dos empresas, Zuma Energía y Eoliatec, Gómez Fierro estimó que el efecto debe extenderse a todas las compañías participantes del sistema para evitar ventajas a las dos firmas amparadas.
“Debe precisarse que los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por una empresa que realiza una actividad regulada en el sector eléctrico, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector”, apuntó el juez.
Ante los amparos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen 10 días para interponer una impugnación ante un tribunal colegiado de circuito, escenario en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer el caso para determinar la constitucionalidad de la reforma.
El viernes por la mañana, previo a que el juez publicara las suspensiones, el presidente López Obrador contempló que los amparos llegarán a la Suprema Corte e incluso afirmó que si ésta echa para atrás la reforma, debería cambiar de nombre a “Suprema Corte del Derecho”, ya que la intención de los cambios es beneficiar a una empresa del pueblo y no a particulares.
Somos muy perseverantes: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se aplicará a pesar de los amparos que se han concedido en su contra, y si se declara anticonstitucional, su gobierno buscará modificar la Constitución.
“Nosotros somos muy perseverantes. ¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la Ley? Va la reforma a la Constitución. ¿Que necesitamos dos terceras partes para aprobar una reforma constitucional? Pero que lo decida el pueblo; además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios”, sostuvo el mandatario durante su conferencia matutina.
Después de la primera suspensión provisional del jueves pasado para la aplicación de la ley, el martes otro juez se sumó a la decisión y entre ambos han otorgado cerca de una veintena de medidas a favor de empresas, por considerar que la reforma recién aprobada en el Congreso viola los derechos constitucionales a un medio ambiente limpio y a la salud.
La ley avalada por el Congreso a principios de mes eliminó el criterio económico para el despacho de la electricidad, con lo que dio prioridad a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
Ante la concesión de estos recursos, el presidente llamó a investigar al primer juez que otorgó la suspensión el pasado 11 de marzo, Juan Pablo Gomez Fierro, titular del juzgado segundo, especializado en competencia económica.
En respuesta, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, informó que la queja del presidente fue remitida al Consejo de la Judicatura Federal y que, de existir elementos, se abrirá una investigación al juez Gómez Fierro.
