Huffignton Post
De las 22 mil personas que resultaron afectadas por el derrame de desechos químicos en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto del 2014, solamente 380 recibieron plena ayuda. El fideicomiso Río Sonora, creado en septiembre del 2014 para reparar los daños al medio ambiente y a las comunidades afectadas, fue declarado extinto en febrero del año pasado, dejando una gran cantidad de personas con problemas serios de salud. A pesar de los avances que han logrado las recientes administraciones, aún existe una gran opacidad en el manejo de recursos públicos a través de los fideicomisos y el reciente informe de Fundar, “Fideicomisos en México: El arte de desaparecer dinero público”, pone de manifiesto lo anterior. De los 374 fideicomisos que existen en nuestro país, solamente 19 tienen una estructura que permite su fiscalización y seguimiento; tienen 835 mil 477 millones de pesos, equivalente al 15.8% de todo el presupuesto de 2018.
Además, desde diciembre del 2017, 139 fideicomisos se han abierto con financieras privadas lo que representa 69 mil millones de pesos que no pueden fiscalizarse. Luego del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, la SEMARNAT impuso a Buenavista del Cobre y Operadoras de Minas, empresas responsables, la creación de un fideicomiso para compensar el desastre. Ambas aportaron inicialmente mil millones de pesos y se comprometieron a aumentar al doble esta cifra. Durante los tres meses posteriores al siniestro se ejercieron 735 millones de pesos para ayudar a poco más de 18 mil personas. Al año siguiente se utilizaron 200 millones, pero la cifra de personas beneficiadas se redujo a 4 mil. En el 2016, nada más nueve personas recibieron ayuda y se echó mano de 83 millones para hacerlo. Poca certidumbre hay respecto a qué sucedió con el dinero restante.
