Rosa Elena Bonilla de Lobo será sentenciada el 27 de agosto por un tribunal de justicia

AP

Un tribunal determinó el martes que Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, es culpable de delitos relacionados con actos de corrupción. La ex primera dama fue hallada responsable de tres delitos de apropiación indebida continuada y ocho delitos de fraude, por los que pasaría de 58 a 87 años en prisión. Según el Ministerio Público, la esposa del exmandatario se apoderó de más de 12 millones de lempiras (unos 480.000 dólares), que tomó de una cuenta a nombre del Despacho de la Primera Dama y Casa Presidencial y depositó en su cuenta personal cuatro días antes de que terminase el gobierno de su esposo. La sentencia se anunciará el 27 de agosto.

El tribunal especializado en temas de corrupción también encontró culpable al exsecretario privado del Despacho de la Primera Dama, Saúl Fernando Escobar, acusado por ocho delitos de fraude a título de autor directo. En el caso de un tercer encausado, Mauricio Mora Padilla, cuñado de Bonilla de Lobo, fue absuelto por los ocho delitos de fraude y lavado de activos y se ordenó su inmediata libertad. A los tres se les vincula en el caso denominado “Caja chica de la dama”, que fue divulgado inicialmente por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Luego se inició una investigación con la fiscalía que duró cuatro meses y que concluyó con la captura de la ex primera dama en febrero de 2018, fecha desde la cual guarda prisión en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, dijo a The Associated Press que los fondos transferidos a la cuenta de Bonilla fueron parte de una supuesta donación a la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama (UDECO) para la compra de uniformes y zapatos para niños de escuelas públicas que nunca se hizo. También, según la investigación, Bonilla de Lobo, su cuñado —que fungía como director de la UDECO— y Saúl Escobar se apropiaron de 16 millones de lempiras (unos 650.000 dólares) que sacaron a través de más de 70 cheques emitidos a nueve empresas de fachada entre 2011 y 2015. Al salir del juicio, Lobo (2010-2014) declaró a medios locales que va a presentar los recursos que dispone la ley para lograr revertir el fallo, y que podría acudir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.