Ignacio Badillo
La reciente fiscalización iniciada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), además de violentar la legalidad de las normas federales y atentar contra la autonomía universitaria, ya que pretende fiscalizar recursos provenientes de la Federación y los mismos de la Universidad, es un caso más donde algún organismo externo pretende realizar cambios dentro de las universidades locales de diversos estados. Los congresos locales de estados como Sinaloa, Colima, Baja California Sur, Veracruz, Aguascalientes, Estado de México y recientemente Puebla han pretendido realizar cambios dentro de las universidades autónomas, al presentar iniciativas encaminadas a la instauración de un órgano de control interno designado por los diputados o, en otros casos, a la implementación de nuevos métodos para designar al rector.
Cabe mencionar el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde el Gobierno Federal le condicionó la entrega de 500 millones de pesos a cambio de que el Congreso local realizara algunas modificaciones a su Ley Orgánica, las cuales irían encaminadas a la creación del Colegio de Elección Universitaria, cuyo principal fin es elegir al próximo rector de entre los aspirantes, mismos que serán seleccionados por el Consejo General Universitario. O el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual tuvo que solicitar un crédito de 204 millones de pesos al Gobierno de Sinaloa, esto, aunado a que también enfrenta diversas iniciativas de cambios a su Ley Orgánica. En el caso de la Universidad Autónoma de Colima, se pretende crear una Junta de Gobierno entre el rector y el Consejo Universitario. Al respecto, la Anuies ha mostrado su rechazo a estas iniciativas que pretenden violar la autonomía de las universidades.
