Excélsior / El País

El Congreso de la Unión ha dejado prácticamente enterrada una de las insignias del sexenio anterior, la reforma energética de Enrique Peña Nieto. El Senado ha aprobado la madrugada de este miércoles en lo general y en lo particular, por 68 votos a favor y 58 en contra, modificar varios artículos de la Ley de la Industria Eléctrica.

El nuevo modelo auspiciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las plantas privadas, muchas de ellas renovables.

Morena, el partido del mandatario, ha insistido en la necesidad de reforzar a la eléctrica paraestatal, mientras la oposición ha destacado el freno que ello va a suponer para el desarrollo de la eólica y fotovoltaica. La norma aún debe ser promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor.

La controversia que suscitan las modificaciones a la ley ha quedado reflejada en una votación muy dividida: Morena y el Partido del Trabajo, con la excepción de dos senadores, a favor; PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, en contra.

Durante un debate que ha durado más de cuatro horas, los primeros han destacado el objetivo de “rescatar” a la CFE y prometido tarifas de luz más bajas, en discursos empapados de nacionalismo y abundantes acusaciones de corrupción al Gobierno anterior y a las empresas del sector.

Para la senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, el modelo antiguo “privilegia indebidamente a sus competidores [de la CFE] gracias a prácticas desleales” y el nuevo busca “retomar los recursos de nuestro país”.

Del otro lado del hemiciclo, la oposición ha advertido de que el cambio legal, que considera inconstitucional, frenará la inversión privada en energías renovables y encarecerá la generación. “Lo que plantea es un panorama de mayor costo de la energía, de incumplimiento a tratados internacionales”, ha apuntado el senador Julen Rementería, de Acción Nacional. “Seguramente será combatida en tribunales y perderá. En la práctica, se van a ir fuera los principales competidores [de la CFE]”.

La iniciativa preferente, enviada por el presidente a principios de febrero, ha cruzado el Poder Legislativo al galope. En la Cámara de Diputados se organizó un parlamento abierto con miembros de la sociedad civil, se discutió en comisiones y se votó la semana pasada. Todo en apenas un mes. En el Senado fue todavía más rápido. La mayoría parlamentaria capitaneada por Morena rechazó organizar un foro, como había hecho la Cámara Baja, y la iniciativa fue directamente a las comisiones de Energía, Medioambiente y Estudios Legislativos, donde fue votada el lunes, y luego al pleno. Le sobraron tres de las cuatro semanas de las que disponía para tramitarla.

La reforma representa un volantazo en la política energética del país. El marco legal anterior, producto de la liberalización del sector que impulsó Peña Nieto, estableció el principio del despacho económico, por el que las centrales más baratas, generalmente las plantas renovables en manos de privados, eran las primeras en subir la electricidad a la red.

La nueva ley acaba con ese orden de preferencia basado en los costos de generación y da la prioridad a las centrales de la CFE, sean o no de energías limpias. De esta manera, centrales térmicas públicas que funcionan con combustóleo, un derivado contaminante del petróleo, pasan por encima de las fotovoltaicas o eólicas privadas.

No es el único punto polémico. Las modificaciones eliminan la obligatoriedad de celebrar subastas, un mecanismo por el que la CFE contrataba energía a bajo precio y que sirvió de palanca para el desarrollo del sector renovable en el país, y abren la puerta a revisar contratos ya firmados.

Los permisos de autoabastecimiento, ampliamente utilizados por las empresas para suministrarse electricidad a partir de fuentes privadas, podrán ser revocados en caso de incurrir en “fraude a la ley”. Lo mismo ocurre con los antiguos contratos de la CFE con los Productores Independientes de Energía (PIEs), cuya rentabilidad y legalidad será revisada. La vaguedad de estas cláusulas permite una gran discrecionalidad, teme el sector privado.

El futuro del nuevo marco energético, aun después de su aprobación, es incierto. Los partidos de la oposición ya han amenazado con presentar una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un organismo autónomo que también tiene la facultad de recurrir al máximo tribunal, advirtió hace dos semanas de que la reforma viola el principio de libre competencia en la Constitución y recomendó al Congreso no aprobarla.

Sin embargo, sin hacer cambio alguno, el pleno del Senado avaló ayer la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que ordena la revisión y, de ser necesario, la renegociación de los contratos vigentes firmados con inversionistas privados nacionales y extranjeros, “a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal”.

La reforma de esta ley garantiza que las centrales de la CFE, incluyendo las que usan combustóleo y carbón, despacharán primero su electricidad a la red, la empresa no estará obligada a comprar energía a través de subastas, se podrán revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), así como revocarse permisos de autoabasto.

Con los votos del oficialismo, el pleno del Senado avaló la reforma propuesta por el presidente para revertir las reglas de la industria eléctrica mexicana.

Aunque el tema logró romper el bloque oficialista, porque el morenista Germán Martínez, la petista Nancy de la Sierra y los seis integrantes del Partido Verde votaron en contra, el bloque opositor se quedó 10 votos atrás, pues sumó 58 sufragios en contra de la modificación.

De esta forma, el bloque Morena-PT-PES cumplió el acuerdo asumido el fin de semana para procesar la reforma en fast-track, pues la recibió el jueves, no aceptó la realización de un Parlamento Abierto y en sólo dos días la aprobó en comisiones y en el pleno, sin admitir ninguna reserva.

La reforma fue aprobada pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró a inicios de febrero parcialmente procedente una controversia constitucional interpuesta por la autoridad antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en contra de normas del sector eléctrico que incluían puntos muy similares a los contemplados en la nueva ley.

Ayer, la discusión en el pleno incluyó las reservas de 46 senadoras y senadores, incluidos 14 de Morena, pero que en realidad no presentaron ninguna propuesta de cambio, sino que usaron ese tiempo para hacer discursos en favor de la reforma, aunque ya no era el momento procesal para hacerlo, pues ya había pasado la discusión en lo general y, al no aceptarse ninguna reserva, no se abrió ningún debate extra.

De acuerdo con el dictamen aprobado por la mayoría, la reforma garantiza “la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de las Centrales Eléctricas en el actual Contrato Legado de la CFE y con el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la red”.

De igual forma, prevé “la obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía”.

Además, “establecer que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas; elimina la obligatoriedad de comprar por subastas de cobertura eléctrica para el Suministrador de Servicios Básicos.

 

OPOSICIÓN ALISTA BATALLA LEGAL

 

Las y los senadores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma eléctrica que ayer avaló el Senado, a fin de evitar su aplicación y, de esa manera, frenar el retroceso en la generación eléctrica nacional.

En conferencia de prensa virtual, representantes de los cuatro grupos parlamentarios informaron que no tienen certeza de que la bancada del Partido Verde se sume a esta acción.

“Vamos a agotar todos los medios de defensa legal que están a nuestro alcance. Como senadores de la República vamos a preparar una acción de inconstitucionalidad y confiamos en que la Suprema Corte sostendrá los criterios que ha venido ya manteniendo en otros medios de defensa también vinculados a la política energética de este gobierno.

“Estamos abiertos a trazar una ruta que defienda los derechos de los mexicanos a tener salud, energía limpia y accesible, y un futuro como el que queremos para nuestros hijos”, informó Claudia Ruiz Massieu, del PRI.

 

PIDEN EVITAR MONOPOLIOS

La reforma eléctrica significa un retroceso en el uso de energías sustentables, consideró ayer la Alianza Federalista.

“Los mexicanos queremos energía limpia, inversión privada para evitar monopolios y caminar hacia el futuro sustentable, no lo contrario a lo que esta reforma implica”, señaló este organismo que agrupa a gobernadores de 10 entidades del país.

Los mandatarios de Durango, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Aguascalientes pidieron a los senadores hacer a un lado posiciones partidistas, priorizar los intereses de México y rechazar esta iniciativa, pero no fueron escuchados.