El país
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México. Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por defender a personalidades como el expresidente Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 4,4 millones de dólares (cuatro millones de euros) de dos empresas fantasma, según una investigación de EL PAÍS. Las firmas mexicanas que abonaron esta suma, Enterprisse Gamki, S. A. de C.V. y Varys Comercial, S. A. de C.V., recibieron contratos públicos del Estado de México.
Las compañías enviaron el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias. Los fondos llegaron a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una institución financiera a la que han recurrido grupos bajo sospecha como los saqueadores de la petrolera estatal venezolana PDVSA o políticos que cobraron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de la mayor trama corrupta de Latinoamérica. La BPA ofrecía a estos clientes la confidencialidad de Andorra, un país en Europa que permaneció hasta 2017 blindado por el secreto bancario.
Collado fue detenido en Ciudad de México el 9 de julio de 2019. Se encuentra en prisión a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada. El abogado utilizó el pequeño principado pirenaico -donde llegó a manejar 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares— para cobrar “importantes comisiones” de empresas que recibían adjudicaciones de concursos públicos en México, según un informe confidencial de la Policía de Andorra de marzo de 2017. Una de estas compañías fue Varys Comercial, S. A. de C.V. La empresa obtuvo al menos un contrato en septiembre de 2011 de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), que depende del Estado de México —gobernado entonces por Peña Nieto—, para adquirir 53 computadoras marca Acer.
El monto de la adjudicación fue de 846.985 pesos (unos 67.500 dólares al tipo de cambio de entonces). La UTN fue consultada sobre este caso, pero una asistenta de la rectora, Ivette Topete, dijo a EL PAÍS que no tenían “nada que decir al respecto”. El contrato firmado con Varys Comercial aparece en la web de Transparencia del Estado de México,ipomex.org. En el documento, la empresa aseguraba tener como domicilio fiscal la oficina 27 en Montecito 38, dentro del edificio del WTC.
