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SinEmbargo
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, se dijo sorprendido de que los cuestionamientos sobre la coordinación fiscal del Gobierno Federal con los estados provenga, principalmente, de miembros del Partido Acción Nacional (PAN).
En una serie de mensajes, a través de su cuenta de Twitter, el funcionario lanzó cuestionamientos a la postura de los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista que plantean abandonar el pacto federal en caso de que no se atiendan sus quejas ante los recortes de presupuesto para 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo al respecto que esta posibilidad no es viable, pero los invitó a consultar a ciudadanos si están de acuerdo.
El titular de la SCHP recordó su postura de evitar “politizar estos temas”, pero manifestó que “no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN”. En ese mensaje adjuntó una lista de la votación en el Senado y la Cámara de Diputados por la reforma a las Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
En San Lázaro, con un quórum de 441 legisladores, a favor votaron 440, en contra ninguno y una sola abstención. La mayoría en la cámara baja la tenía el Partido Acción Nacional (PAN) en aquel momento, de los que 187 legisladores avalaron las reformas y registró la única abstención. Les apoyó el voto del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 110 a favor y 17 ausencias; además de los 90 sufragios a favor del Partido de Revolución Institucional (PRI) y sus 16 abstenciones.
“Nosotros estamos por iniciar, con los secretarios de Finanzas de los estados, una discusión técnica del pacto fiscal que busque un sistema más justo y equitativo para todos”, expresó Herrera.
Esta mañana el presidente López Obrador advirtió que no le va a entregar el presupuesto a los gobernadores, mucho menos a los que no aprobaron en su momento que se dieran becas y apoyos directos a la población. Y dijo que no se le debe nada a los 10 gobernadores que lo confrontan: “ni un peso”, aseguró.
“¿Cómo les vamos a entregar lo que corresponde al Gobierno Federal a los estados si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron pensiones a los adultos mayores, partidos que votaron en contra de que se entregaran pensiones a niñas y niños con discapacidad, que votaron en contra de otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos, que votaron en contra de que los medicamentos fueran gratuitos? A esos no les parece”, afirmó.
Durante su conferencia matutina, López Obrador recordó que a la entrega de los apoyos “le llaman populismo, paternalismo, porque se piensa que hay que ayudar nada más a los de arriba, que el pueblo no cuenta”.
Ante dicha situación, sostuvo que “no vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, a los que siempre se han aprovechado del presupuesto público que es dinero de todos”.
Ayer, AMLO retó a los 10 gobernadores que forman la Alianza Federalista a que si son demócratas, le pregunten a la gente en sus estados si quieren abandonar el pacto federalista, tal y como ellos lo propusieron un día antes, cuando llevaron a cabo actos en cada uno de sus estados, con el fin de reclamar diferentes acciones del Presidente, así como “la falta de diálogo con ellos”.
Hasta ayer, los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”; de Colima, José Ignacio Peralta, y Aguascalientes, Martín Orozco, informaron que ya analizan realizar una consulta ciudadana para saber si los habitantes de sus entidades desean abandonar el pacto federal. Además, Silvano Aureoles, de Michoacán, se sumó a la iniciativa de Jalisco, donde Enrique Alfaro afirmó por la mañana del martes que sí la llevará a cabo.
Rebelión de algunos gobernadores suena valiente, pero podría salir muy caro a sus gobernados
Primero fue el gobernador de Jalisco y le siguieron los de Nuevo León, Aguascalientes, Colima y Michoacán. La opción de romper el pacto fiscal federal ya contempla incluso la posibilidad de celebrar una consulta popular para decir si se continúa o no.
Esta situación se da dentro de un proceso electoral, de cara a la aprobación del Presupuesto 2021 y también en una pugna personal entre los gobernadores aliancistas y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
No es la primera ocasión que un gobernador amenaza con romper el pacto federal, pero salirse no es una cuestión rápida y sencilla cuando la mayoría de las entidades tienen problemas como una deuda alta –como es la situación de algunos de los estados que integran la Alianza Federalista– y con la dependencia que se tiene a las transferencias federales, que componen el 80 por ciento de sus recursos.
Ante las amenazas de esta Alianza Federalista de romper el pacto federal si no se atienden sus quejas ante los recortes de presupuesto para 2021, López Obrador dijo que esta posibilidad no es viable, pero invitó a los gobernadores de este grupo a consultar a ciudadanos al respecto.
El Presidente planteó que también se necesitaría una reforma que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que tendría que resolver el Poder Judicial. También acusó que este comportamiento se debe a la temporada de elecciones: “y se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos”.
SinEmbargo entrevistó a especialistas en el tema del pacto. Coincidieron en que de entrada no es una decisión que sea sencilla porque más allá del deseo de “separarse” y de los trámites en los congresos locales y el nacional, están las capacidades de cada estado para empezar a recaudar, sobre todo cuando actualmente el 80 por ciento de sus recursos provienen de las transferencias federales.
Iniciar con esto implicaría un proceso de más de dos años en los que se contar con infraestructura física y humana para realizar nuevas tareas y establecer una estructura fiscal en donde la entidad que se separe sea la encargada de recolectar sus propios impuestos.
Por otro lado está el tema de la deuda y los problemas que tienen estados de la Alianza como Chihuahua y Coahuila. “Si se relaciona la deuda con respecto a los ingresos totales, se vienen muchos problemas. Chihuahua tendría que dedicar el 70 por ciento de sus ingresos totales a la deuda y Coahuila el 75 por ciento”, comentó en entrevista el maestro Raúl Ignacio Morales Chávez, académico de la Facultad de estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desde su perspectiva, aunque el tema fiscal tomó ya tintes políticos, el pacto debe revisarse porque sí está desgastado. En el pasado, en 2007 con Felipe Calderón y en 2013 con Enrique Peña Nieto, las protestas de los gobernadores se calmaron con la creación de fondos a los que fueron a parar los ingresos petroleros de esos años y calmaron los ánimos de rebelión para exigir más recursos.
“Se han hecho parches, con cañonazos de dinero se ha acallado la situación, pero sigue el problema que no se ha solucionado de fondo […] En 2007 hubo algo parecido, con los panistas, que muchos se inconformaron con las participaciones y los recursos que tenían. Se hizo una reforma y lo que salvó fue el aumento del precio del petróleo a nivel internacional y entró mucho dinero, entonces se crearon fondos para resarcir esa caída de los impuestos que había habido […] en 2013 sucedió lo mismo: hubo una caída grave de las participaciones y se levantaron en armas los estados y dijeron que solicitaban un resarcimiento de los recursos. Lo que hizo Peña fue que tomó recursos de los precios del petróleo y creó fondos para equilibrar y entregarles más recursos”, contó Morales Chávez.
IMPLICACIONES DE LA RUPTURA
El Pacto Federal fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación, “nunca para perpetuar contrastes y rezagos. Ello exige avanzar a un federalismo que sea un eficaz instrumento de redistribución de los recursos y las oportunidades. Este Plan reconoce que todos los órdenes de gobierno, las entidades federativas y los órganos del Gobierno Federal deben asumir corresponsablemente los programas y acciones para equilibrar recursos y oportunidades, a fin de mitigar las disparidades en el desarrollo entre los estados y entre los municipios”, puede leerse en el Plan Nacional de Desarrollo.
Christopher Cernichiaro Reyna, Coordinador de finanzas públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explicó que los elementos que componen el pacto fiscal son el gasto federalizado que es la bolsa de recursos que entrega la federación a los estados y las participaciones, que son los recursos que se les dan a los estados y que son de libre disposición, es decir, los estados las pueden utilizar para lo que quieran.
En el análisis del uso de este dinero, de acuerdo con lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), éste se utiliza para financiar el funcionamiento cotidiano de instituciones subnacionales como sus secretarías, universidades, etcétera.
Otro elemento importante son las aportaciones, que son recursos que están etiquetados que van a áreas de salud, educación, infraestructura social, asistencia, seguridad pública. “Salirse del pacto implicaría tener menos recursos para los fines que mencionamos, ahí habría una implicación directa en el funcionamiento cotidiano de las instituciones, lo que se haya etiquetado para salud, educación, infraestructura”, comentó Cernichiaro Reyna.
LA COVID-19 Y LA DEUDA
Ante la pregunta de si es viable la ruptura, el académico de la UNAM asegura que se trata más de una cuestión política y resaltó: “este grupo está conformado por cinco gobernadores panistas, dos priistas, un perredista, uno de Movimiento Ciudadano y uno independiente”.
Mencionó que un factor que detona la inconformidad de los gobernadores es algo que se salió del control de todo mundo: el coronavirus.
De acuerdo con sus datos, a agosto las aportaciones tuvieron un incremento de 4.2 en términos nacionales y para los estados de la Alianza fue de 3.8 por ciento. En las aportaciones, por el contrario, Jalisco recibió el 5.4 por ciento más, Chihuahua 4.6 por ciento más y Aguascalientes que recibió 6.1 por ciento más.
Sobre las participaciones, que son los recursos resarcitorios de libre aplicación, a agosto de 2020, la Alianza ha visto disminuido los recursos que obtiene en un 7.2 por ciento. Es un poco menos de lo que ha sido el promedio nacional de 7.3 por ciento.
¿Por qué cayeron las participaciones? Esas son un presupuesto no programable y que dependen de la recaudación federal y se vieron disminuidos los ingresos que capta la federación en un 4.6 por ciento a agosto de 2020. Esto significa que derivado de que se cayó la actividad económica, se cayeron los impuestos, se cayó la recaudación federal participable”, explicó.
El que más sufrió fue Guanajuato, en un 13.2 por ciento; Michoacán, 9.6 por ciento; Coahuila, 9.4 por ciento y Nuevo León, 9.3 por ciento.
“Toda la Alianza tuvo una pérdida de 12 mil millones que a pesar de que tuvieron un incremento en las aportaciones de 5 mil millones, no se pudo compensar la caída de las participaciones con el aumento de las aportaciones, ya que solamente el aumento de las aportaciones cumplió el 42 por ciento del déficit. Pero esa es solo una parte del problema que ellos tienen”.
El maestro de la FES Aragón ofreció otro dato: el de la deuda.
“Una de las cuestiones que revisé es al segundo trimestre, la deuda de la Alianza, los estados que están lidereando esta idea de la separación, que son Chihuahua y Coahuila, son los más endeudados. Si se relaciona la deuda con respecto a los ingresos totales, se vienen muchos problemas. Chihuahua, el 70 por ciento de los ingresos totales los tendría que dedicar a deuda, Coahuila el 75 por ciento. Tienen un problema muy fuerte respecto a sus niveles de endeudamiento y con los recursos que ellos captan. Esto es uno de los aspectos principales”, mencionó.
Aunque estos compromisos se contrajeron en sexenios de César Duarte Jáquez y Javier Moreira respectivamente, no se ha logrado disminuir.
El lunes, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista llevaron a cabo actos en cada uno de sus estados, con el fin de reclamar diferentes acciones del Presidente, así como “la falta de diálogo con ellos”, pues esto “pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal”.
Los gobernadores solicitaron que exista un diálogo más profundo con el Gobierno federal y así construir mejores acuerdos. “No estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte”, dijeron en un comunicado.
