Con esta ley, en Puebla se restringirá la participación político-electoral de violentadores y deudores alimentarios que tengan una sentencia por estos delitos
Delia Reyes
Por unanimidad, con 38 votos a favor, el Congreso de Puebla aprobó reformar el Artículo 22 de la Constitución de Puebla para impulsar a nivel local la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, por lo que, en Puebla, se restringirá la participación político-electoral de violentadores y deudores alimentarios, que tengan una sentencia por estos delitos a fin de garantizar que no puedan acceder a una candidatura o algún cargo público.
Las limitaciones aplicarán para el proceso electoral del 2024, siempre que el proyecto sea validado por 110 de los 217 cabildos y el decreto se publique en el Periódico Oficial del Estado (POE) antes del mes de agosto.
Esta ley tiene como objetivo proteger a la población y enviar un mensaje claro de rechazo a los agresores.
La iniciativa fue presentada por las diputadas Angélica Cervantes, Daniela Mier y Yolanda Gámez, quienes afirmaron que esta medida es un paso importante para garantizar la seguridad y el respeto hacia las mujeres que han sido víctimas de violencia.
El dictamen aprobado establece que: “la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.
Durante su intervención en Tribuna, la diputada Eliana Angélica Cervantes González señaló que con estas reformas el Poder Legislativo cumple al saldar una deuda histórica con las mujeres en la entidad.
Las diputadas Daniela Mier Bañuelos y Yolanda Gámez Mendoza externaron su apoyo al dictamen y reconocieron el esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas del Congreso para establecer mecanismo efectivos a favor de la igualdad y la justicia.
En otro punto de la sesión, la diputada Nora Merino Escamilla presentó una propuesta reformatoria al proyecto de dictamen para normar en la Constitución los derechos y prerrogativas por las que se suspende el registro como candidata o candidato o ser nombrado para cualquier empleo en el servicio público, por los motivos mencionados.
De acuerdo con la iniciativa y a la aprobación se reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona la fracción VIII, todas ellas del Artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, donde ahora se establece que una persona con una sentencia por “la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”, no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
