El Universal / Milenio

Después de un debate de casi 16 horas continuas, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular, la contrarreforma eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y desplazar a los particulares en la generación y distribución de energía eléctrica.

Una a una fueron rechazadas las más de 400 reservas que presententaron diputados del PAN, PRI, PRD, MC y Verde, es decir, no se le modificó ni una coma al dictamen presidencial que modifica la Ley de la Industria Eléctrica y fue enviada al Senado de la República.

A las 17:47 del martes se votó en lo general y el resultado fue Morena, PT y PES alcanzaron 304 votos a favor; contra 179 del PAN, PRI, PRD, MC y Verde; así como cuatro abstenciones; y al cierre de esta edición se seguían rechazando una por una las más de 400 reservas o propuestas de modificación, para después remitirla al Senado de la República.

Y en lo particular, la votación fue a las 4:57 de la mañana de este miércoles y la votación fue 289 a favor de Morena, PT y PES; contra 152 en contra del PAN, PRI, PRD, MC y Verde; así como una abstención.

Este dictamen fue aprobado sin hacerle cambios de fondo a la iniciativa preferente que presentó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el titular del Ejecutivo pidiera a sus legisladores no moverle ni una coma.

El pasado 1 de febrero, el presidente López Obrador inició su contrarreforma energética, y su primer paso fue presentar una iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica e implementar una Nueva Política Energética y, de acuerdo a su óptica, no incrementar los precios a los usuarios.

En este documento se decidió privilegiar la energía eléctrica que produce el Estado mexicano, y el Sistema Eléctrico Nacional que será distribuido a los consumidores y estará alimentado, en primer lugar, por la red de distribución de la energía producida por las hidroeléctricas; en segundo, por las plantas de la CFE a través de combustibles fósiles; en tercero, por la energía eólica o solar de particulares; y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.

Con este nuevo esquema, en el despacho de las centrales eléctricas, los privados serán relegados hasta el tercer y cuarto sitio en la preferencia para surtir energía eléctrica a los consumidores, además de que estarán sujetos a los planes de gobierno en materia de electricidad.

Además, el presidente López Obrador decidió que no será obligatorio para el Estado mexicano realizar subastas eléctricas, como sí lo definía la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pues “las subastas son una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE, ya que los contratos correspondientes tienen una vigencia de 20 años y los precios no están sujetos a variaciones del mercado”, argumentó López Obrador en su exposición de motivos.

De manera paralela, el gobierno Federal obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revisar los permisos de autoabastecimiento y los contratos de compra-venta de electricidad que tiene con particulares, que en este año le costará a CFE, 41 mil 760 millones de pesos y habrá revocaciones en los casos en los que se hayan obtenido mediante fraudes.

En su tradicional conferencia de prensa mañanera, el presidente de México agradeció a la Cámara de Diputados por aprobar la reforma eléctrica del Gobierno porque con esta “no habrá apagones, gasolinazos, ni aumento en luz”, aseguró el mandatario en la conferencia matutina de ayer miércoles 24 de febrero.

“Aprovecho para agradecer a los diputados que se aprobó la reforma a la ley de energía eléctrica para fortalecer, así de claro, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, expresó el presidente de México.

López Obrador defendió que tanto la CFE como Pemex “no se pueden poner al mismo nivel” que las empresas privadas.

“La historia de Pemex y la CFE nos indica que son empresas de la Nación, del pueblo de México, y necesitamos fortalecer estas empresas para ser independientes y garantizar que no aumente el precio de la luz, las gasolinas, el diesel y el gas”, dijo.

El principal cambio de la reforma es eliminar el criterio del despacho eléctrico para siempre suministrar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

También elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que participan particulares y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Desde que llegó al poder en 2018, López Obrador ha expresado su intención de revertir parte de la reforma energética impulsada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, en 2013 y que abrió el sector a las empresas privadas.

López Obrador explicó este miércoles que su objetivo es “rescatar” a las empresas públicas porque “las estaban destruyendo de manera deliberada para dejar el mercado a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras”.

Los opositores a la reforma eléctrica advierten que provocará un retroceso ambiental por relegar las energías limpias y auguran una lluvia de amparos ante los tribunales.

“Sus abogados pueden decir que es anticonstitucional. Lo va a decidir el Poder Judicial, pero nosotros vamos a estar defendiendo este asunto”, sentenció el mandatario.

En el marco de este nuevo escenario, destacan cuatro grandes despachos que litigan casos relacionados con el sector energético: White & Case, a cargo de Ismael Reyes Retana; Galicia Abogados, representado por Manuel Galicia; Greenberg Traurig, a cargo de David Guerrero; y Dentons López-Velarde, de Rogelio López Velarde.

El lunes pasado, en la víspera de que la Cámara de Diputados aprobara ayer la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “traidores a la patria” a aquellos abogados que defienden a empresas extranjeras contra la reforma eléctrica.

De acuerdo con autoridades consultadas, uno de los grupos de abogados más relevante en este segmento es el de Dentons López-Velarde, en cuyas manos estuvo el laudo de 230 millones de dólares que la Corte de Arbitraje Internacional de Londres ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagarle al consorcio conformado por Caabsa, Omega y la china Sinohydro, como reparación de daños ante la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas. En 2017, la compañía eléctrica nacional canceló el proyecto con un avance de 17 por ciento en la construcción del mismo, ante la imposibilidad de avanzar por conflictos sociales, por lo que el arbitraje procedió, y tras tres años de disputas, se ordenó que la CFE indemnizara a las empresas, quienes inicialmente tenían previsto invertir más de 380 millones de dólares en el proyecto. En julio de 2020, la CFE afirmó que analizaría la impugnación del laudo, aunque no ha dado más detalles sobre su estrategia. Otro de los casos que Dentons López-Velarde pudo ganar fue el juicio que la canadiense ATCO estableció en contra de la CFE por los 65 millones de dólares que no pudo invertir en un gasoducto de 17 kilómetros del Ramal Tula que suministraría el hidrocarburo a la termoeléctrica que opera la CFE en dicha localidad de Hidalgo, y cuya construcción fue detenida en 2015 por conflictos con ejidatarios.

 

Empresas Globales piden reconsiderar reforma

 

Ante la revisión que hará el Legislativo sobre modificar la Ley de la Industria Eléctrica, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (Ceeg), pidió al gobierno de México reconsiderar los cambios que la iniciativa contiene, ya que de aprobarse generará que el país deje de ser atractivo para la inversión. El organismo que dirige Claudia Jañez, señaló que 2021 es crucial para la toma de decisiones que encaminen a México hacia la recuperación donde uno de los pilares para el desarrollo descansa en el diseño de regulaciones y políticas que garanticen el acceso a todos los mexicanos a energía segura, sostenible y moderna.

Resaltó que entre los impactos destacan la generación de energía más cara, cuyo costo pagarán los consumidores; genera incertidumbre para la inversión, al establecer criterios técnicos discrecionales, dañando inversiones ya realizadas donde los proyectos “pudieran, incluso, dejar de ser económicamente viables en México”.

Agregó que genera la inhibición de la competencia y libre concurrencia; existe la transgresión de acuerdos internacionales como el T-MEC y el TLCUEM, que abarcan medidas que van desde la protección de inversiones hasta compromisos ambientales internacionales.

“Todo lo anterior lastima la confianza, la competitividad y la percepción de México como un país atractivo para la inversión; asimismo, vulnera el reconocimiento de la comunidad internacional sobre el compromiso de México con el estado de derecho”, afirmó el Ceeg. 

Señaló que los cortes en el suministro de energía eléctrica que han afectado varias zonas del país, dejan lecciones importantes, y una de ellas es que para garantizar la seguridad energética, México debe contar con un sistema eléctrico fuerte y diversificado.

“Invitamos al Poder Legislativo a considerar rigurosamente los impactos jurídicos, económicos, ambientales y sociales de la iniciativa. Invitamos respetuosamente al Estado mexicano a reconsiderar su posición sobre la iniciativa de reforma a la industria eléctrica”, sostuvo el Ceeg.

Indicó que es necesario construir de manera conjunta alternativas a favor de las familias y las empresas del país. “Es momento de perder el miedo a trabajar de la mano por un México más próspero”.