Infobae / El Universal
La iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la industria eléctrica podría generar tensiones entre México y Estados Unidos, advirtió el periódico británico Financial Times.
El objetivo principal de la propuesta es la de reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en mayor medida que a las energías limpias y empresas privadas del sector en el país.
De aceptarse esto “cambiaría el orden en que se envía la electricidad a la red nacional, lo que enviaría la electricidad a la red nacional, mientras que los inversores privados tendrían que permanecer en el final de la cola”,
Un ex funcionario del sector energético que no fue identificado por el medio dijo que las inversiones de privados generan 41 millones de dólares, pero la nueva propuesta podría poner en riesgo al sector. Por otro lado, expertos han pronosticado que se “desencadenaría demandas, incluso en virtud del tratado de libre comercio del T-MEC con Estados Unidos y Canadá”.
El periodista Jude Webber recalcó que Estados Unidos ha advertido a México con anterioridad que los intentos de favorecer a empresas energéticas estatales pondrían en riesgo cientos de millones de dólares.
Recordó que en enero el gobierno estadounidense envío una carta firmada por el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que advertía que estaban “obligados a insistir en que México cumpla sus obligaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”.
Las acciones de López Obrador hacia el sector energético, señaló el director general del Financial Times Consulting, tiene efectos expropiatorios “aunque este proyecto de ley no mencione expropiación y nacionalización”.
Entre las propuestas más controversiales se encuentra la suspensión de la subastas de compra energética a largo plazo. Sobre ello, el consultor de energía Ramses Peach dijo al diario que esto “dejaría la puerta abierta a la corrupción, ya que solo sería la CFE la que contrataría”.
Sin embargo, López Obrador ha insistido constantemente en que las leyes energéticas que rigen al país dejaron “en ruinas” a la CFE. Especialmente señala a la reforma impulsada por su antecesor, Enrique Peña Nieto” fue “un fraude” que permitió el suministro de terceros.
Como argumento para fundamentar la iniciativa, López Obrador indicó que “en el marco de la política neoliberal o neoporfirista”, se impuso “un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares” y “despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.
En particular, la reforma a la Ley de Industria Eléctrica busca ajustar el sistema de despacho de generadores eléctricos. Este privilegiaría la energía producida por las plantas hidroeléctricas, en primer lugar y, en segundo término, las plantas de la CFE.
“Se despacharán las centrales eléctricas de CFE, tales como la nuclear, geotérmicas, los ciclos combinados y termoeléctricas. Posteriormente, se despacharán las Centrales Ciclos Combinados de Productores Independientes de Energía, amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”, precisaron.
Señala también que la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dispondrán de un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica.
PRI-PAN-PRD, contra la reforma
Apenas unas horas después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviara al Congreso mexicano una iniciativa que busca reformar la industria eléctrica para fortalecer a la CFE (Comisión Federal de Electricidad), empresa productiva del estado, por encima de energías limpias y empresas privadas, las reacciones de la oposición fueron claras: totalmente en contra.
“El gobierno federal sigue apostando al pasado con energías contaminantes que afectarán el bolsillo de las y los mexicanos al incrementar el costo de la luz. Vamos a escuchar a la gente y a los expertos. No podemos permitir más ocurrencias que destruyan al país”, expresó el grupo parlamentario del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición política en el país.
Y es que, de acuerdo con los expertos, la propuesta “tiene visos de no ser constitucional”, escribió en redes sociales Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía.
“El presidente insiste en recibir primero todo lo de CFE aunque sea más caro, sucio y tenga tantas fallas por salida. Sólo después de que CFE entregue todo, entrarían los privados hasta 75% mas baratos. Encarecerá todo”, aseguró el experto en cambio climático y derecho ambiental.
El opositor PRI (Partido Revolucionario Institucional) también alertó que, de aprobarse, la reforma “implicaría aumento de tarifas eléctricas, necesidad de mayores subsidios cuando los recursos fiscales deben invertirse en salud y repudio a la inversión privada, cuando México está en la peor crisis económica en casi un siglo”, en referencia a la pandemia de COVID-19.
Además, el PRI acusó a Morena, el partido de López Obrador y con el control de ambas Cámaras del Congreso, de buscar eliminar el despacho eficiente de las plantas de generación eléctrica, gracias al cual las energías limpias se han abierto paso al ser más baratas que las termoeléctricas convencionales de carbón, combustóleo y diésel.
Por último, el Revolucionario Institucional destacó que la reforma violaría la Ley Federal de Competencia Económica y tratados internacionales como el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), el TPP (Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico) y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, además de ir contra la Constitución, como también alertaron expertos en la materia.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se sumó a las críticas al considerar que de aprobarse la iniciativa no sólo iría en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas durante la administración anterior, sino que sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana.
El Instituto resaltó que la iniciativa de reforma tiene repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos al encarecer el sistema eléctrico y al destruir los prospectos de generación barata y limpia.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) también señaló que la aprobación de la propuesta podría generar una cascada de controversias y disputas legales no sólo en México, sino a nivel internacional, de acuerdo con las declaraciones de su titular, Enoch Castellanos, al diario El Universal.
El opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática) indicó que López Obrador busca darle “un completo monopolio a la CFE a costa de las familias mexicanas”, además de “quitarle el derecho a un medio ambiente sustentable a futuras generaciones, de las finanzas públicas y de los acuerdos internacionales”.
El dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, expresó que el país debe apostar por energías renovables, cuidado del medio ambiente y tarifas eléctricas al alcance de los mexicanos. “Se debe permitir la inversión, no prohibirla, al contrario alentarla en tanto que le apuestan a energías limpias y alienta la competencia económica”, dijo.
El PRD además pidió que la iniciativa sea llevada a Parlamento Abierto, para recibir la opinión de todos los involucrados y afectados por la propuesta. La iniciativa presidencial, por su carácter de preferente, deberá ser desahogada en la Cámara de Diputados en los próximos 30 días naturales y luego en el Senado en los siguientes 30 días naturales.
Ya el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, había adelantado este lunes que solicitará a sus propios compañeros del partido más poderoso del país y a sus aliados en la Cámara de Diputados, PES (Partido Encuentro Social), Partido Verde y PT (Partido del Trabajo), que la reforma a la industria eléctrica, junto a la discusión sobre la regulación del outsourcing, sean considerados como agenda prioritaria para el mes de febrero.
Además, Mier mostró su apertura a la propuesta enviada por el mandatario. “Esta iniciativa es consecuente con el principio constitucional de exclusividad y rectoría del Estado” sobre el tema, señaló este lunes. Además, confirmó que consultarán “a todos los sectores involucrados” para analizar la reforma.