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Mariel Serrano
Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, llamó a investigar los vínculos operativos, financieros y políticos de quienes organizaron e infiltraron la marcha, así como el papel de funcionarios y exfuncionarios públicos. Señaló que deben esclarecerse las responsabilidades por los actos violentos y provocaciones, afirmando que “una cosa es la libre manifestación y otra usar a jóvenes en una estrategia de confrontación política”.
La dirigencia estatal de Morena también manifestó su respaldo a esta postura, señalando que los eventos no corresponden a una expresión juvenil autónoma, sino a una acción política articulada. En esa línea, Romero Garci-Crespo afirmó que la movilización fue un movimiento desesperado impulsado por el PRIAN, diseñado para simular espontaneidad, pero articulado desde la derecha, señalando que no es casual que varios de los participantes estén vinculados a estructuras panistas.
Añadió que Puebla no será plataforma de provocación ni laboratorio de guerra sucia, y que en Morena “se respeta la voluntad del pueblo, se trabaja con honestidad y se defiende el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta”.
Además, el consejero nacional de Morena, Agustín Guerrero Castillo, afirmó que la movilización de la “Generación Z” se originó a partir de una convocatoria en redes sociales “alimentada por bots”, donde se sumaron ideologías contrarias a Morena, reforzando la idea de un intento de manipulación política.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta reiteró que la manifestación habría sido organizada por actores panistas con el presunto objetivo de generar confrontación y responsabilizar al Gobierno estatal. Asimismo, respaldó la necesidad de esclarecer la identidad de los participantes en los hechos violentos y determinar si existe relación con algún Ayuntamiento.
En otro orden de ideas, diputados locales de Morena hicieron un llamado a la FGE para que se investigue tanto a presidentes municipales como al personal adscrito a sus ayuntamientos, bajo el argumento de que la movilización de trabajadores públicos no puede considerarse una acción individual ni espontánea.
Añadieron que la labor de las instituciones debe enfocarse en distinguir entre manifestaciones legítimas y acciones políticamente inducidas.
Los legisladores concluyeron que es indispensable garantizar que cualquier proceso de investigación se realice conforme a la ley y sin afectar el ejercicio del derecho a la protesta, subrayando que la estabilidad institucional del estado debe prevalecer frente a cualquier intento de desinformación o confrontación política.
