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Delia Reyes/ Vía MVS Noticias
El Pleno del Senado aprobó por unanimidad reformar la Ley General de Comunicación Social para que los estados y municipios puedan determinar sus propios límites de gasto del Programa Anual de Comunicación Social.
Por unanimidad, el Senado de la República avaló reformar la Ley General de Comunicación Social, a fin de eliminar el tope del 0.1 por ciento de gasto para comunicación social a estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, previsto en el “Plan B” de reforma electoral.
Con 92 votos a favor, el Pleno de la Cámara Alta dio luz verde al proyecto que establece que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, determinarán su propio límite de gasto del Programa Anual de Comunicación Social.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, destacó que con esta reforma los gobiernos locales establecerán su propio límite de gasto, considerando los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad.
“Con el fin de combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, así como permitir una administración recta y prudente del erario, con el fin de informar a la población sobre las campañas de los entes públicos”, explicó la senadora Mónica Fernández.
La oposición celebró la rectificación de este tema que calificaron como inconstitucional: “no se trata de un solo error normativo, sino que todo el cuerpo legislativo en materia electoral que se aprobó es inconstitucional.
Además, recordó que su bancada presentó argumentos durante todo el proceso legislativo en contra del proyecto”, señaló Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, el senador por el PAN, Damián Zepeda Vidales, celebró que se haya corregido uno de los males del “Plan B” de reforma electoral, que había provocado una avalancha de controversias constitucionales, que, dijo, se iban a ganar.
De igual forma, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, consideró positivo que se esté corrigiendo una parte del “Plan B“, que atentaba contra la autonomía de los gobiernos locales y el federalismo, como lo advirtió la oposición hace unos meses. El dictamen fue remitido el Ejecutivo Federal.
