Por: Felipe Flores Nuñez

Civilidad

El repunte de hechos violentos en contra de diversos actores políticos en el país obligó al Gobierno federal a lanzar, este fin de semana, una convocatoria para que prevalezca la concordia, se garantice la gobernabilidad y la seguridad en el actual proceso electoral. Así lo hizo el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, tras condenar la violencia política que ha empañado el ambiente durante las semanas recientes, especialmente, después que fuera ejecutado el candidato a una alcaldía en Guanajuato. Navarrete Prida hizo también un llamado a partidos políticos y candidatos a no generar enconos ni divisiones para evitar estridencias que luego incitan a hechos violentos. Pidió promover un diálogo entre dirigentes partidistas y candidatos presidenciales “que contribuya a tener certidumbre, civilidad y respeto en la contienda”. En un contexto de violencia política, también exhortó a no generar encono, división y, mucho menos, incitación a la violencia contra partidos, candidatos o instituciones.

En ese mismo sentido se había pronunciado en la víspera el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien ha pedido a los contendientes, autoridades y grupos sociales “cuidar que la rispidez del debate no abone a la violencia”. A su juicio, no hay elementos para decir que los actos de violencia contra candidatos estén necesariamente vinculados al proceso, aunque esa violencia sí lo contamina, de ahí la importancia de frenarla a tajo. También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el clima de violencia en torno al proceso electoral. En un pronunciamiento formal, el organismo pidió investigar los ataques y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los participantes. El tema es de la mayor prioridad, así lo revelan las cifras oficiales. Tan sólo en los últimos ocho meses, han sido asesinadas casi cien personas que formaban parte de partidos políticos, eran funcionarios locales o candidatos a algún cargo de elección popular. Adicionalmente, se sabe que alrededor de mil personas que aspiraban a algún cargo de representación, decidieron renunciar, la mayoría de los casos, debido a amenazas, intimidaciones o incluso por atentados fallidos por parte del crimen organizado.

El caso más reciente ocurrió el pasado domingo cuando dos integrantes del equipo de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano en Chapala fueron agredidos a balazos por varios desconocidos, quienes dejaron un mensaje con amenazas de muerte. Ante este escenario y el riesgo de que pudieran suscitarse otros acontecimientos que en verdad pudieran poner en peligro el proceso electoral, lo deseable es que se concretara un verdadero pacto de civilidad en el que se fijaran compromisos firmes y concretos. Que cada quien haga su parte para evitar la polarización o hasta un estallido social que a nadie conviene. En especial, que los tres niveles de Gobierno cumplan con su obligación de tutelar que el proceso transcurra en un clima de seguridad y apego a la legalidad, y que los partidos políticos y candidatos desarrollen su actividad proselitista en un tono de respeto, exponiendo su oferta de manera propositiva, no de confrontación hacia los demás. De esta manera, el ciudadano podrá libremente ponderar y razonar su voto, y, por la vía democrática, optar por lo que en verdad crea es la mejor opción para solucionar los graves problemas que afrontamos como país.