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Exclusivas Puebla
En un enlace histórico desde Palacio Nacional hacia la frontera norte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó por primera vez títulos de concesión directa de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada. Con esta medida, el Gobierno Federal elimina la intermediación de distritos de riego que, durante décadas, lucraron con la venta del recurso hídrico a las ciudades bajacalifornianas.
Justicia hídrica y el fin de los privilegios
Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria vinculó este logro con el legado juarista, enfatizando que la nueva Ley Nacional de Aguas tiene como eje central la erradicación de privilegios. Sheinbaum reveló que, bajo el esquema anterior heredado de la era salinista, los municipios debían pagar sumas estratosféricas a distritos de riego que ya no sembraban, pero que recibían hasta 200 millones de pesos anuales por vender el agua que constitucionalmente pertenece a la nación.
“El agua dejó de ser una mercancía para volver a ser un derecho”, puntualizó la Presidenta. En los últimos cinco años, los municipios de Baja California tuvieron que desembolsar 531 millones de pesos a particulares para garantizar el suministro urbano, una práctica que ahora queda prohibida con la eliminación de las transmisiones entre privados y los cambios de uso de suelo con fines de lucro.
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Garantía de abasto para las próximas tres décadas
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que la nueva ley no solo combate el acaparamiento, sino que ha disparado la recaudación fiscal, con una meta de 6,300 millones de pesos para este 2026. Gracias a más de 7 mil inspecciones y mil clausuras de tomas ilegales, se ha logrado recuperar volumen hídrico que ahora se asigna directamente a las comunidades y sistemas ejidales.
Por su parte, el subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastache, aseguró que estos nuevos títulos de concesión blindan el suministro de agua para la región fronteriza por los próximos 30 años. Esto elimina la incertidumbre jurídica que frenaba proyectos de inversión y desarrollo urbano en una de las zonas con mayor estrés hídrico del país.
Un nuevo capítulo para Baja California
Desde Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila celebró la noticia como un acto de “justicia hídrica”. La mandataria estatal señaló que devolverle al pueblo el control de su agua permite que los ahorros generados por dejar de pagar a intermediarios se traduzcan en más obra pública y mejora de la infraestructura hidráulica local. Con este decreto, México cierra la puerta a un modelo de privatización indirecta y apuesta por una rectoría estatal que prioriza el consumo humano sobre el interés comercial.
