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Lo que comenzó como una mancha de hidrocarburos a principios de marzo se ha transformado en una crisis ambiental de proporciones alarmantes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el derrame de petróleo que afecta las costas de Veracruz y Tabasco, subrayando que el caso ya es perseguido como un delito penal.
El origen: Un barco privado bajo la lupa
Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que, tras las primeras inspecciones, se determinó que el vertido no fue ocasionado por instalaciones o plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino por un buque de propiedad privada que operaba en la zona. “Hubo un derrame de un barco, se están haciendo las investigaciones y le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir”, precisó Sheinbaum.
A pesar de deslindar a la paraestatal de la responsabilidad directa, la Presidenta instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse personalmente a la zona crítica para coordinar las labores de limpieza. Pemex está desplegando recursos técnicos para mitigar el avance del crudo en el océano y las playas, aunque Sheinbaum fue enfática: la empresa propietaria del navío será quien deba resarcir la totalidad de los daños ambientales ante la Profepa y la ASEA.
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630 kilómetros de litoral en riesgo
La magnitud del desastre es devastadora según organizaciones civiles. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México denunció que el hidrocarburo ha impactado ya más de 630 kilómetros de costa. Esta situación pone en peligro ecosistemas vulnerables, arrecifes de coral y la actividad pesquera de cientos de comunidades en el sureste mexicano.
Las manchas de petróleo han sido avistadas desde los primeros días de marzo, pero la dispersión por las corrientes marinas ha complicado las tareas de contención. “Debe haber certeza de quién provocó este derrame y lo que implica”, señaló la mandataria, asegurando que no habrá impunidad para los responsables de este atentado contra la biodiversidad marina.
Acciones inmediatas y vigilancia
Además de la vía penal, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) trabaja en la cuantificación de los daños para establecer las multas administrativas correspondientes. Mientras tanto, el personal de Pemex y la Secretaría de Marina mantienen un monitoreo constante sobre la trayectoria del hidrocarburo, buscando evitar que la contaminación alcance áreas naturales protegidas adicionales en el litoral del Golfo. El caso queda ahora en manos de la FGR para determinar las sanciones contra la tripulación y la compañía responsable del buque.
