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Exclusivas Puebla
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta al reconocimiento formal de autogobiernos indígenas en todo el país, al conceder un amparo a la comunidad tsotsil La Candelaria, en Tenejapa, por la falta de reconocimiento de su gobierno comunitario y la omisión legislativa del Congreso local.
Durante una sesión histórica realizada en la plaza principal del municipio chiapaneco, el Pleno aprobó por unanimidad —con ocho votos— el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, en el que se determinó que el Congreso de Chiapas incurrió en omisión legislativa al no establecer mecanismos para reconocer gobiernos comunitarios ni garantizarles acceso directo a recursos públicos.
No es un “cuarto nivel de gobierno”
La Corte dejó claro que el reconocimiento de los autogobiernos indígenas no implica la creación de un “cuarto nivel de gobierno”, como han planteado algunas comunidades, sino el cumplimiento efectivo de los derechos ya establecidos en la Constitución.
El fallo ordena a las autoridades estatales y municipales garantizar, en un plazo de 90 días naturales, el ejercicio del autogobierno de La Candelaria y la entrega proporcional de recursos públicos para su administración directa.
Asimismo, instruyó al Congreso de Chiapas a legislar en la materia dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley general sobre pueblos indígenas y afromexicanos, la cual aún se encuentra en proceso en el Congreso federal.
Sustento constitucional
La resolución, correspondiente al amparo en revisión 344/2025, se fundamenta en la reforma de 2024 al artículo 2° constitucional, que reconoce el carácter pluricultural de la nación mexicana y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que la sentencia busca hacer realidad esa reforma y pasar del reconocimiento en papel a su aplicación efectiva.
“Reconocer a la comunidad significa reconocer su asamblea, su autoridad y sus normas”, señaló, al subrayar que ahora las comunidades indígenas son consideradas sujetos de derecho público con plena capacidad jurídica.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que la decisión envía un mensaje claro sobre la importancia del multiculturalismo y el reconocimiento de los pueblos originarios como pilares de la democracia constitucional.
Sesión histórica en territorio indígena
La sesión marcó un hecho inédito al realizarse en territorio indígena y con traducción parcial al tsotsil y tseltal. Sin embargo, sólo seis de los nueve ministros acudieron presencialmente; dos participaron a distancia y una ministra estuvo ausente.
El fallo representa un precedente nacional que podría impulsar a otras comunidades indígenas a exigir el reconocimiento formal de sus gobiernos comunitarios y el acceso directo a recursos públicos, fortaleciendo así su autonomía dentro del marco constitucional.
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