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Mariel Serrano
La Reforma Electoral propuesta por la Comisión Presidencial fue entregada el pasado martes 17 de febrero a la presidenta Claudia Sheinbaum, como un documento preliminar que contiene ocho ejes de modificación al sistema electoral mexicano y que, de acuerdo con la mandataria, aún deberá ser consensuado antes de su presentación formal ante el Congreso de la Unión.
El documento, considerado un borrador al que tuvieron acceso medios nacionales como Reforma y El Universal, plantea cambios en la integración del Congreso, el financiamiento a partidos políticos, la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y la organización de los organismos electorales locales. Durante su conferencia matutina del 18 de febrero, Sheinbaum aclaró que no existe prisa para enviar la iniciativa, ya que se busca alcanzar acuerdos con los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).
Cuestionada sobre la viabilidad de presentar una reforma constitucional sin los votos necesarios, la presidenta respondió que será hasta el momento de enviar la iniciativa cuando se dé a conocer el contenido final, reiterando que no se adelantará el debate mientras continúan las conversaciones políticas.
Entre los principales puntos del borrador destaca la reconfiguración de la Cámara de Diputados, que pasaría a estar integrada por 508 curules: 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional y ocho adicionales asignadas a la diáspora mexicana. De los diputados plurinominales, 100 serían electos por el principio de primera minoría y 100 mediante lista nacional.
En el caso del Senado de la República, la propuesta contempla una reducción de 128 a 96 escaños, con tres representaciones por cada entidad federativa: dos por mayoría relativa y una por primera minoría.
Además, se plantea disminuir la edad mínima para ser senador de 25 a 18 años, con el objetivo de homologar los requisitos con la Cámara de Diputados.
El documento también incluye ajustes al financiamiento de los partidos políticos, con una reducción del 25% al presupuesto ordinario. La asignación se basaría en los votos obtenidos y no en el padrón electoral, mientras que en años electorales el financiamiento para campañas aumentaría en un 50% respecto al monto ordinario.
En cuanto al INE, se propone una reducción del Consejo General de 11 a nueve integrantes, garantizando la paridad de género. Asimismo, se proyecta un recorte presupuestal de hasta 42% en años sin elección federal, además de ajustes en su estructura operativa, como la eliminación de áreas técnicas y la modificación en los esquemas de capacitación electoral.
Respecto a los organismos públicos locales electorales, el borrador plantea limitar sus consejerías a un máximo de cinco integrantes y retirarles la atribución de educación cívica. En materia de justicia electoral, se propone que los magistrados electorales locales sean electos por voto popular, manteniendo el modelo vigente para el Poder Judicial de la Federación.
Finalmente, la propuesta incluye cambios en la figura de consulta popular, con la unificación de la jornada con los procesos electorales y la eliminación de la prohibición para consultar temas electorales. Autoridades federales han reiterado que estas medidas no representan una postura definitiva y que será en los próximos días cuando se defina el rumbo de la iniciativa.
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