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Por: Japhet Alcocer
El discurso sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad se ha convertido en el pan de cada día de partidos políticos y gobernantes, su implementación resulta ser una excelente oferta en contiendas electorales, sin embargo, en la práctica, lejos de mostrar un compromiso real, simplemente se queda en promesas de campaña y demagogia. Tan sólo hace unos días, en el informe anual que presenta Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, revela que en México, durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el país pasó del lugar 135 al 138 de 180 países evaluados, es decir, caímos tres lugares respecto al año anterior, colocándonos como el país más corrupto en relación a los demás integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El resultado, por supuesto, no es nada halagador, si partimos de que existe un Sistema Nacional Anticorrupción que prometió resultados que seguimos esperando. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene retos mayúsculos, toda vez que la corrupción se mantiene gracias a las redes tejidas por aquellos grupos hegemónicos que se privilegiaban del poder y que no están nada contentos con que sus “negocios e indultos” terminen, basta dar una mirada a Pemex, a CFE u otras dependencias de gobierno que formaron complicidades a costa del erario público. Por ello, es necesario que la lucha contra la corrupción vaya acompañada de una estrategia que combata a su mejor aliada y mentora: la impunidad.
En México, ya tenemos leyes que tipifican los actos de corrupción: el cohecho, el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, el peculado, sólo por nombrar algunos, es más, es cuestión de tiempo para que oficialmente la corrupción entre al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva junto con el robo de combustible y los delitos electorales; a esto sumemos la existencia del fallido Sistema Nacional Anticorrupción, la creación de leyes de transparencia o el ejercicio de la rendición de cuentas y demás mecanismos e instituciones que se han formado en México con la intención de combatir ese mal que nos aqueja a todos.
Pero lo que en realidad nos está fallando resulta ser lo más importante: más que un Sistema Nacional Anticorrupción, necesitamos un verdadero Sistema de Justicia, ¡uno que en verdad funcione! Desafortunadamente nos estamos volviendo expertos en encontrar corruptos y complicidades, pero no en darle continuidad a su procedimiento judicial, resulta ser normal, y eso es grave, escuchar que equis o zeta político fue detenido por ciertos actos de corrupción pero que en poco tiempo ya está libre y sin repercusiones de sus actos.
Tales escenarios muestran que el presidente López Obrador tiene enormes retos en materia de corrupción e impunidad, y que no basta con dar a conocer nombres y rostros, sino que se les debe sancionar, simple: quien cometió un delito deber ser castigado, y no por ser una promesa y eje rector de su campaña, sino por ser una demanda justa y social. Sin olvidar que sus detractores están esperando el mínimo error para, una vez más, sólo contradecirlo.
Por cierto, en breve nos escuchamos por radio. Gracias.
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