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Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se convirtió en uno de los rostros de la crisis de vivienda en España tras ser desalojada del departamento en el que había vivido durante más de siete décadas, murió este miércoles en Madrid. La octogenaria permanecía hospitalizada desde que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre.
Abascal falleció en el Hospital Gregorio Marañón, donde había sido ingresada después de que la comisión judicial ejecutara el desalojo de su vivienda en el barrio de Retiro. Su caso provocó protestas y movilizaciones en diferentes puntos de España, mientras organizaciones defensoras de los inquilinos exigían soluciones ante el incremento de los alquileres y la falta de vivienda accesible.
El caso también llegó al ámbito político. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a la familia de Abascal y a quienes acompañaron las movilizaciones en su defensa. Desde el desahucio, cientos de personas se concentraron en la Puerta del Sol de Madrid, donde se instaló un campamento de protesta.
El Sindicato de Inquilinas, organización que participó en la defensa de Maricarmen, lamentó su fallecimiento y señaló que, aunque se había alcanzado un acuerdo para que pudiera regresar a su vivienda, la solución llegó demasiado tarde. La organización calificó el proceso de desalojo como una situación que pudo haberse evitado y recordó que la mujer incluso envió mensajes desde el hospital para respaldar a quienes continuaban protestando.
La abogada de Abascal, Beatriz Duro, afirmó que el caso evidenció el impacto que los procedimientos de desahucio pueden tener sobre la salud de las personas. Según relató, un año antes del desalojo la mujer todavía caminaba y llevaba una vida autónoma, pero su estado se deterioró durante el proceso hasta el punto de que fue trasladada directamente desde su vivienda a un hospital en una camilla. Las causas de su fallecimiento no habían sido informadas al momento de conocerse la noticia.
El origen del conflicto se remontaba a un contrato de alquiler firmado por el padre de Maricarmen en 1956. Tras la muerte de sus padres, ella mantuvo el arrendamiento de la vivienda, que se encontraba bajo el régimen conocido en España como renta antigua. Pagaba alrededor de 500 euros mensuales por un departamento de 92 metros cuadrados, una cantidad considerablemente inferior a los precios actuales de la zona.
La situación cambió después de que el inmueble fuera vendido a diferentes propietarios. En 2020, Urbagestión adquirió la vivienda y planteó inicialmente un alquiler de 2 mil 650 euros mensuales, que posteriormente redujo a mil 650 euros. Sin embargo, esta última cantidad también superaba la pensión mensual de aproximadamente mil 400 euros que recibía Maricarmen, quien había trabajado durante 32 años como secretaria en una empresa farmacéutica.
Después de varios años de litigio, los tribunales fallaron a favor de la empresa y el desahucio se ejecutó al cuarto intento el 23 de septiembre. Tras las protestas generadas por el caso, Urbagestión aceptó que Maricarmen pudiera regresar al departamento con una renta similar a la que pagaba anteriormente y bajo un nuevo contrato, pero para entonces la mujer ya se encontraba hospitalizada.
La muerte de Maricarmen provocó nuevas reacciones políticas y sociales. Mientras integrantes del gobierno español lamentaron su fallecimiento y reconocieron la movilización en su defensa, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió que el caso no fuera utilizado políticamente. El Sindicato de Inquilinas, por su parte, convocó a una huelga general para el 11 de noviembre con el objetivo de exigir medidas frente a la crisis de vivienda que atraviesa España.
