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Él, en conjunto con otros 54 senadores, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones
Eduardo Sánchez
El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle Rosas, ha tomado la batuta de un grupo en la Cámara Alta que lucha en contra de la modificación a Ley Federal de Remuneraciones, que impide a los servidores públicos percibir un salario mayor al del presidente de la República. El senador y su grupo ya han presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa reforma. Esta ley, promovida por Morena y Andrés Manuel López Obrador, establece que ningún funcionario, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial, podrá ganar más que el presidente, es decir, su salario no podrá superar los 108 mil pesos. Asimismo, se retiran las pensiones a ex presidentes, según la publicación del Congreso, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La medida causó controversia y pánico en los altos poderes del Estado y funcionarios de diversas entidades de la Administración Pública Federal, como la Procuraduría General de la República (PGR), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud (Sesa), entre otras. Ahora, la polémica llegó a la Cámara Alta, un grupo de 55 senadores ha firmado una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones, y el ex gobernador de Puebla fue el vocero del recurso. De manera sorpresiva, la oposición en el Senado logró completar el requisito de 33 por ciento de los senadores para respaldar el recurso. Al grupo encabezado por Moreno Valle están personajes como los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Miguel Ángel Mancera, del PRD, así como Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano. “En este contexto, 55 senadores y senadoras presentamos una acción de inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (…) Dicha ley transgrede los principios constitucionales de división de poderes, tanto en autonomía presupuestaria como en la independencia del Poder Judicial de la Federación”, refiere el senador panista en un video publicado en el canal de YouTube del PAN. Este recurso será turnado a uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para posteriormente, mediante un juicio, resolver la controversia constitucional.
ÁMBITO LOCAL BUSCA HOMOLOGACIÓN
A mediados del mes de noviembre, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Juan Espinosa Torres, presentó una iniciativa para homologar el marco legal local con la Ley de Remuneraciones para Servidores Públicos federal que pretende fijar un tope salarial de 85 mil pesos. Esto, con la finalidad de buscar un ahorro en las finanzas del Estado y que, a decir del diputado, ascendería a los 400 millones de pesos por año. Aunque, por el momento, esta iniciativa no ha sido aprobada.
MAGISTRADOS TAMBIÉN ESTÁN EN CONTRA DE LA LEY
Esta guerra con dependencias y otros poderes fragmentan la unión que debería tener el nuevo gobierno de Andrés Manuel, que tiene como consigna el principio de austeridad, creando una lucha de imposiciones contra la defensa de derechos burocráticos corrompidos. Pues otros de los funcionarios que más se han pronunciado al respecto son los magistrados y jueces federales, quienes ya han interpuesto amparos para salvaguardar sus ingresos y no perder los beneficios que han tenido en periodos anteriores. De acuerdo con el periódico español El País, hasta el pasado viernes se habían promovido un total de 440 juicios de amparo contra la llamada Ley de Salarios Máximos. Estos amparos incluyen a 2,194 quejosos, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. Fuentes al interior del Poder Judicial han declarado que las cifras podrían escalar de forma alarmante, pues hay mil 429 puestos de la judicatura, entre éstos la mayoría son ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito.
