Exclusivas Puebla
El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez afirmó que el gobierno de la ciudad y varios ayuntamientos del país, emanados de diversas fuerzas políticas, presentaron una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las reformas a la Ley de Comunicación Social.
Pues señaló que en la Asociación de Ciudades Capitales, en la que participa, se manifestó una expresión unánime de presentar esta controversia constitucional, luego de que el pasado 27 de diciembre entraron en vigor las reformas a la Ley de Comunicación Social, aprobadas dentro del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual limita la difusión de acciones de gobierno, viola el principio de equidad electoral, invade esferas autónomas de estados y municipios y pone en serios aprietos financieros a medios de comunicación.
Y es que, de entrada, el gasto anual de comunicación social que programen los entes públicos no debe rebasar 0.1% del presupuesto de egresos. Los párrafos 3 y 4 del artículo 26 obligan a las entidades federativas a homologar su límite de gasto en este rubro a la nueva disposición.
Rivera Pérez, dijo que dicha reforma contradice al artículo 115 Constitucional, el cual establece la autonomía de los gobiernos municipales en diferentes decisiones, entre ellas las del gasto público, “es decir no me puedo organizar como ayuntamiento para pedirle al gobierno del estado, que lo que se tenga que gastar en el municipio tenga que ser cualquier porcentaje, porque la decisión de las finanzas le corresponde al gobierno estatal”.
“El Congreso de la Unión no puede limitar a un municipio en el diseño cuantitativo de su presupuesto, menos con un porcentaje como el previsto en el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social del 0.1 por ciento”, expresó.
Señaló que los municipios pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se les respete la decisión de los regidores y los ayuntamientos del país del ejercicio del gasto en función de su autonomía municipal.
Destacó que son cientos de municipios los que presentaron la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se espera que pueda haber la suspensión para que no entre en vigor dicha ley, “esperamos que nos dé la razón, nosotros fuimos de los primeros municipios que levantamos la mano de que habría que revisarse eso y se presentó en tiempo y forma por parte de la sindicatura”.
