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- La ASF le realizó observaciones por 7 mil mdp por irregularidades en manejo de fondos federales
- Pasó por alto el desvío de 800 mdp de la Sedeso entre 2008 y 2010
- Fue favorecida por el morenovallismo al crear su Notaría Pública
- Para las elecciones de 2018, se encargó de favorecer a MEAH, al hacer campaña sucia contra Miguel Barbosa y restar fuerza al Panal, hasta hacerlo declinar en favor del PAN
Eduardo Sánchez
Irma Patricia Leal Islas fue una de las funcionarias con mayor actividad dentro de la administración morenovallista, ahora, tras la caída de dicho grupo político, algunas cloacas han sido destapadas, tal es el caso de un pliego de observaciones por 7 mil millones de pesos que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la entonces secretaria de la Contraloría, Patricia Leal, por diversas irregularidades en el manejo de fondos federales.
Al comienzo del sexenio de Rafael Moreno Valle, Patricia Leal llegó a la Contraloría Estatal, donde no reportó irregularidades en edificaciones como el teleférico, el cual carecía de permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como omitió reportar la destrucción de la Casa del Torno, inmueble histórico que estaba clasificado en el catálogo de la dependencia federal como uno de los 100 monumentos relevantes en todo el país.
Su trabajo continuó hasta que decidió declinar el puesto por un conflicto de intereses con la Secretaría de Transportes, al mantener una relación con el entonces titular de la dependencia, Bernardo Huerta. Pero las inconsistencias no quedaron ahí, ya que en aquella dependencia estatal habían pasado al menos otros tres funcionarios: Eugenio Mora Salgado, María Catalina Daza y el principal operador de Moreno Valle, Eukid Castañón. De estos funcionarios, ninguno pudo detectar el supuesto desvío de 800 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) entre 2008 y 2010 mediante el programa Unidos Para Progresar.
Aunado a estas irregularidades, recordemos que, en pasados días, la ASE desenterró las observaciones por 7 mil millones de pesos que le hicieron a la funcionaria y que en su momento se omitieron, dejándola operar los recursos federales sin pero alguno. En 2014, cuando Patricia tomó protesta en el Congreso del Estado, fue cuestionada por estas irregularidades de las que se desentendió e inclusive invitó a la entonces titular a realizar una investigación a la cuenta pública del ex gobernador Mario Marín Torres. El caso sólo fue mediático y ni Leal o Eukid respondieron ante la ley.
Ya con una curul, fue presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE), la misma encargada de dictaminar las cuentas públicas de todos los sujetos obligados. Al término de su cargo, se presentó un rezago de cinco años en el dictamen de cuentas públicas de presidentes municipales en la ASE. Pesé a ser diputada, fue colocada como suplente en la candidatura federal de Javier Lozano por un espacio en el Senado de la República en 2015 y, en ese mismo año, fue operadora en la campaña a la minigubernatura de Antonio Gali Fayad.
Para esta última tarea se sirvió de sus facultades como presidenta de la Comisión Inspectora de la ASE y, de acuerdo con la columna “La Corte de los Milagros”, de Rodolfo Ruiz, presionó a políticos con la aprobación de sus cuentas para sumar apoyos al panista. De acuerdo con lo reportado, las citas se daban en Bodegas del Molinoy ahí se presentaban sus pendientes de comprobación y pliegos de observaciones, para finalmente advertirles que podían aclarar dos o complicarse, dependiendo de su disposición de apoyar a Fayad.
Como se mencionó, la ASE ya presentaba retrasos en los informes de resultados de las cuentas públicas pendientes de aprobación de los alcaldes del periodo 2011-2014, así como las de 2015, sin que alguna autoridad interviniera. A la par de ese periodo en el Congreso, fue secretaria de la Comisión Instructora de la LIX Legislatura y vocal de las comisiones de Derechos Humanos, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Igualdad de Género, Migración y Asuntos Internacionales y Educación.
Pese a tener una agenda tan ocupada, la funcionaria tuvo tiempo suficiente para acudir a prácticas notariales de cuatro horas diarias y durante un año de manera ininterrumpida, pese a que en su cargo como diputada debía tener un horario de atención de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, además de haber acompañado a Lozano durante su candidatura en 2015.
En sus planes estaban poder abrir una notaría, que logró al cumplir las estipulaciones de ley, pero no es pública la información sobre dónde y con quién hizo sus prácticas, con qué conferencias y cursos, organizados por el Consejo de Notarios, acreditó su capacitación y fedatarios avalaron su desempeño.
En septiembre de 2017, con dirección en el número 43-3 Planta Baja, de la avenida Osa Menor, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula, Paty Leal abrió su notaría y se sumó a la lista de notarios favorecidos por la administración morenovallista. En sus últimos actos a favor de Moreno Valle, fue operadora en las elecciones del año pasado donde impulsó a José Alejandro Romero Carreto como candidato del Panal a la gubernatura de Puebla, una acción que se tradujo en evitar la rebelión de maestros del magisterio contra panistas, ya que habían buscado ir en solitario en la elección.
El plan benefició totalmente al morenovallismo y a su entonces candidata, Martha Erika, pues Romero Carreto sólo sirvió para dos cosas en la elección: hacer campaña sucia contra Luis Miguel Barbosa y restar fuerza al Partido Nueva Alianza, que un mes después de comenzar la campaña decidió declinar en favor de la panista.
En sus últimas apariciones, junto con los ex mandatarios, antes de su fatídica muerte, asistió al primer mensaje de MEA como gobernadora, usando unas zapatillas Yves Saint Laurent, valuadas en 20 mil 187 pesos. Los servicios de Patricia Leal a favor de las administraciones de morenovallistas deberían ser investigados, así como la obtención de beneficios de la pasada administración, mismas que la 4T busca acabar.
Un pliego de observaciones por 7 mil millones de pesos presentó la Auditoría Superior de la Federación a la entonces secretaria de la Contraloría, Patricia Leal, sobre diversas irregularidades en el manejo de fondos. Meses después, Leal apareció como diputada local y asumió la presidencia de la Comisión Inspectora del Congreso, donde, sin más, dejó pasar las anomalías y desdeñó el caso. Ya en el ámbito federal se esperaba dejar sin efecto las observaciones multimillonarias, sin embargo, el asunto se quedó enterrado.
