Reforma / El Contribuyente
En la víspera de que el gobierno federal defina la reforma hacendaria posterior a las elecciones del 6 de junio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, adelantó que la iniciativa privada presentará una propuesta fiscal que combata la informalidad en México, la cual incluya incentivos y la creación de la cédula de identidad que supervise.
El sector privado presentará sus propuestas que buscarán promover que todos los ciudadanos hagan contribuciones y establecer la cédula de identidad.
El representante del sector empresarial en México admitió que existen buenos diagnósticos sobre el crecimiento económico y desarrollo social del país, pero los caminos no son los adecuados, porque fenómenos como la pobreza y la informalidad van en aumento.
Salazar Lomelín anticipó que la Secretaría de Hacienda (SHCP) propondrá cosas que no les gustarán, por lo que tratarán de pelearlas.
“Nuestro argumento de arranque es que ellos tienen que atacar la informalidad. En México tenemos un país tan maravilloso que hay 56 millones de personas en edad de trabajar. Tenemos una fuerza laboral más fuerte que cualquier país europeo.
“¿Qué hemos hecho en el pasado y seguimos haciendo ahorita peor?, no nos hemos ocupado de la informalidad. Entonces de esos 56 millones solo 20 tienen un trabajo formal”, comentó durante un encuentro de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
Carlos Salazar anunció que este miércoles se reuniría en el seno del CCE para definir la propuesta fiscal y presentarla a la Secretaría de Hacienda, “nuestro comentario fiscal es ocúpate de los 36 millones de informales, porque ya representan 25% de la economía, una improductividad total, 20 (millones) producimos el 75% (de la economía), y 36 millones de personas producen el 25%. Ahí demuestra la ineficiencia y la improductividad que provoca la informalidad”
El sector informal, dijo Salazar, representa 25 por ciento de la economía, por lo que se deben crear incentivos para que los trabajadores se formalicen.
“La Constitución dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el erario público. Eso implicaría un sistema que promueva que todos contribuyamos con el erario, si eres muy pobre, contribuye con un centavo, da el incentivo para que colabores con un centavo”, subrayó.
Apuntó que a la informalidad habrá que combatirla, pero al mismo tiempo, darle todos los sistemas posibles de incentivos a que los trabajadores se formalicen. “Todos estamos convencidos de que para criar a los hijos hay que dar incentivos, en mi caso daba el incentivo y la disciplina, el incentivo y un poquito el garrote, porque las cosas no operan sólo con el incentivo. Sí te permito que hagas, pero hay estas las reglas”.
En este sentido, el líder empresarial adelantó que propondrá el establecimiento de la cédula de identidad como en Estados Unidos, donde a través del “social security” se sabe el tipo de productos que consume un ciudadano, si sacan crédito, si se fue de vacaciones y cuánto gana.
“Vamos a tener meses muy complicados y sobre todo en las organizaciones empresariales”, adelantó.
Otra preocupación para el sector privado es reactivar la inversión, una vez que la vacunación permita el reinicio de todas las actividades.
“Cuando analizan qué le está pasando al País no vamos tan mal en consumo, nada mal en gasto público y nuestro motor sigue siendo el factor externo, la variable que está hecha pedazos es la inversión, necesitamos activarla, es nuestro reto”, subrayó.
“En un tiempo así como el que vivimos, y además como se está gestando nuestro país, tú vas a ver las propuestas más increíblemente ridículas que te puedas imaginar, va a haber un poco de todo, es lo que yo espero, creo que hay gente seria y eso en la SHCP actualmente, y ellos van a proponer cosas que no nos van a gustar”, afirmó Lomelín.
Salazar Lomelín comentó que dentro de la reforma fiscal que se anunciará para la segunda mitad del año habrá propuestas como impuestos altísimos a los productos del sector empresarial establecido, por lo que dijo, vienen meses complicados para los empresarios.
“Qué quieren hacer, van a salir de todas, van a querer ponerle impuestos al refresco y a que si te comes un gansito vas a pagar 50 pesos. Va a haber de chile y de manteca, vamos a tener unos meses diría yo, muy complicados, y sobre todo en las organizaciones empresariales”, aseguró.
El líder del CCE también refirió que está trabajado con Hacienda en la preparación de un tercer paquete de inversiones en infraestructura.
Organizaciones civiles también tienen propuestas
Por su parte, Diego Vázquez, director de investigación de Oxfam México, presentó esta semana el informe “La vacuna contra la desigualdad”. El informe fue elaborado por Oxfam México, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), Fundar y el Centro de Análisis e Investigación A.C.
El estudio encontró que durante 2020, 2.1 millones de personas salieron del mercado laboral y que hasta 11 millones podrían caer en la pobreza. A esto hay que sumarle que el año pasado el presupuesto para salud bajó 5 mil millones de pesos.
Por esto, el CIEP ha dicho que una opción para aumentar el presupuesto de salud sería implementar un impuesto a la riqueza de 3.5% para personas con más de 10 mil 476 millones de pesos. También se proponen impuestos a las herencias y donaciones entre familiares, con lo que se espera recaudar hasta 30 mil millones de pesos al año.
Por último, se propone que todos los estados del país cobren el impuesto predial correctamente. Con esto, se podrían recaudar hasta 378 mil millones de pesos.
Plantean reforma fiscal sobre altos ingresos
Para garantizar la suficiencia del gasto público en salud y educación, organizaciones de la sociedad civil plantearon una reforma fiscal sobre las personas de altos ingresos, donde destaca la creación de impuestos sobre la riqueza y herencias.
En el marco de la reforma tributaria que se discute en el Senado, Oxfam, Fundar y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) propusieron una serie de reformas para gravar el patrimonio, altos ingresos y reducir la discrecionalidad, en un trabajo en conjunto titulado “La Vacuna Contra la Desigualdad”.
En primer lugar, destaca la propuesta de crear un impuesto a la riqueza de 3.5 por ciento para las personas con un patrimonio superior a 10 mil 746 millones de pesos, con lo que se podría alcanzar una recaudación de 99 mil millones de pesos.
Para esto se tendrían que aplicar mecanismos de valuación de activos donde se descuenten las deudas de las personas, para evitar la posible falta de liquidez para el pago de impuestos, afirmó Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal en Fundar.
Asimismo, se propone implementar un impuesto sobre las herencias. Con este gravamen se podría lograr una recaudación potencial de entre 5 mil millones y 30 mil millones de pesos al año, según la experiencia de economías latinoamericanas.
Por el lado del predial, el estudio refiere que en México la recaudación es del 0.33 por ciento del PIB. Si todas las entidades adoptaran tasas progresivas como las de la Ciudad de México e igualaran valores catastrales a los del mercado, se podrían recaudar hasta 378 mil millones de pesos al año, es decir 1.5 por ciento del PIB.
De igual forma, se recomienda volver a generalizar la tenencia al nivel de la Ciudad de México, con lo que los recursos recaudados podrían pasar de 18 mil millones a 80 mil millones de pesos.
En el caso del diseño fiscal, se propone igualar los tratamientos fiscales de las ganancias de capital, es decir, quienes perciben ingresos al enajenar activos como acciones o inmuebles, al tratamiento de las personas asalariadas.
Por ejemplo, en materia de enajenación de acciones en la Bolsa de Valores, se plantea sustituir la tasa de 10 por ciento hasta una de 35 por ciento, como en el caso de las personas asalariadas.
Sobre las ganancias por enajenación de casas, se propone reducir la exención vigente de 4.6 millones de pesos por una de 1.3 millones de pesos para no afectar a las personas de bajos ingresos.
Alejandra Hass, directora de Oxfam México, explicó que lo más importante para aplicar estos impuestos será comunicar a la población que los mayores gravámenes van dirigidos a las personas que más tienen, para asegurar derechos a la salud, educación y seguridad social.
“Será desafiante, porque las personas a las que se va a gravar van a tener resistencia. Nadie renuncia a sus privilegios de manera voluntaria. Van a dar la batalla y habrá que ganar la batalla con argumentos técnicos”, dijo.
Reforma fiscal entraría en vigor en 2022
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dijo que, en caso de plantearse la realización de una reforma fiscal en septiembre de este año, ésta entraría en vigor en 2022.
Herrera dijo en una entrevista radiofónica que se debe hacer una “reflexión profunda” sobre si los niveles de ingresos actuales son los que el país desea tener a mediano plazo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido no aumentar impuestos, ni crear nuevos, durante los primeros tres años de su gestión, iniciada en 2018 y que culmina en 2024.
