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El gobernador de Puebla detalló que la deuda con el SAT por 722 millones de pesos se debe al impago del ISR por despensas que no se gravaban por ley
Daniela Rojano
El gobernador Sergio Salomón Céspedes aclaró que los 722 millones de pesos con el SAT, que desprenden el error fiscal del barbosismo “no se lo robaron” exfuncionarios de esa gestión, si no que ahora su administración lo que busca es tener precisión en explicaciones sobre situaciones financieras.
Dijo que en el caso del adeudo de los 722.3 millones de pesos derivó de cinco auditorías realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en las que se detectó la omisión de una contribución en el periodo 2020-2022.
Explicó que en su momento se trató de una determinación nueva que impuso la autoridad fiscal, de la cual no se tenía “claridad” por el concepto de despensa a servidores públicos, pese a que ésta es una prestación que históricamente ha estado libre de gravamen y que después se generó ante el desconocimiento que había.
“No estoy diciendo que se lo robaron, que quede claro, estoy diciendo que se dejó de aplicar ese recurso como un pago de impuestos, es por eso que Hacienda lo determina como un crédito fiscal, nosotros lo decimos con sustento y de forma clara para transparentar el ejercicio público en lo que respecta al gasto”, expresó el mandatario.
El dinero no fue sustraído de las cuentas de manera arbitraria por parte de exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de Puebla; aclaró que no se trata de un tema de persecución, ni en señalar o perjudicar a nadie, sino poder aclarar y dar un buen rendimiento de cuentas.
Declaró que para su administración es importante darlo a conocer a la opinión pública y pagar el dinero al SAT, antes de que aparezca en la siguiente cuenta pública y sea calificada como una omisión de su parte, además de que generará intereses.
Céspedes Peregrina dijo que se actuará conforme a la ley y que se aplicarán responsabilidades administrativas, solamente en caso de comprobarse alguna.
Sobre el caso de Accendo Banco, en el que el Gobierno de Puebla invirtió 606 millones de pesos que no ha recuperado tras la pérdida de licencia de esa entidad financiera, el mandatario poblano dijo que se realiza la auditoría del caso con la presencia de María Teresa Castro Corro, ex titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF).
“En este momento se lleva a cabo de forma simultánea la revisión de los documentos de la entrega-recepción de la ex secretaria de Planeación y Finanzas, así como la auditoría en torno a este tema específico que realiza la Secretaría de la Función Pública a fin de determinar las acciones legales que se seguirán con el propósito de resarcir la situación financiera que se ha generado al Gobierno del Estado”.
