Tras casi nueve horas de audiencia, el juez declaró improcedente la petición de Rosario Robles para suspender el proceso en su contra por ejercicio indebido del servicio público
Expansión Política
La audiencia intermedia de Rosario Robles Berlanga concluyó este lunes con el desechamiento de su petición para suspender el proceso en su contra y la ratificación de la Fiscalía General de la República (FGR), que la acusa de ejercicio indebido del servicio público por omisión cuando estuvo al frente de la Sedesol y de la Sedatu.
Después de casi nueve horas, el juez de control Ganther Villar Ceballos decretó improcedente el sobreseimiento, al considerar que la defensa de la exfuncionaria no realizó argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso, y que las razones que lo sustentan deben hacerse en la correspondiente audiencia de juicio oral.
Con la determinación del juez, el proceso contra Robles por los desvíos mediante el esquema de “La estafa maestra” se mantiene, y será el próximo 8 de diciembre, a las 10:00 horas, cuando la exsecretaria de Estado se presente a la continuación de la audiencia.
Lo anterior fue a petición de la defensa de Robles, que solicitó tiempo para obtener pruebas periciales; tanto la FGR como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estuvieron de acuerdo con diferir la audiencia intermedia.
La audiencia de este lunes era la última oportunidad de la exfuncionaria, presa desde hace más de un año en el penal de Santa Martha Acatitla, para negociar una salida alterna al juicio.
Sin embargo, previo a la audiencia, ella misma descartó la posibilidad de “colaborar” con el Ministerio Público federal, por lo que sus abogados solicitaron al juez la suspensión del proceso bajo una nueva estrategia: señalando que el delito que se le imputa quedó derogado al publicarse la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La defensa de la exfuncionaria expuso que el proceso tendría que ser por la vía administrativa y no penal. Asimismo, indicó que los convenios de la Sedesol y de la Sedatu con las universidades públicas no fueron suscritos por su clienta.
Incluso, los abogados enfatizaron que la exsecretaria tuvo conocimiento de las irregularidades en los contratos solo cinco días antes de dejar su cargo.
Por su parte, en la ratificación ante el juez, la FGR insistió en que Robles debe ser condenada a 21 años de cárcel por dos cargos de ejercicio indebido de servicio público por omisión (uno correspondiente a Sedesol y otro a Sedatu).
La FGR también desestimó los argumentos de la defensa, considerando que ya fueron objeto de debate y de consecuente resolución, además de que estos tendrían que ser presentados en el juicio oral, que es cuando se analizará el delito y la responsabilidad de la imputada.
Antes de su audiencia, Robles aseguró en una una carta que es “rehén” de la FGR por negarse a implicar a otros altos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto en el esquema de “La estafa maestra”.
“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio fiscal general de que prácticamente me tienen como una rehén ‘porque no he querido colaborar'”, indicó Robles en la carta publicada en su cuenta de Twitter.
“Sé que lo que pretenden para que yo obtenga mi libertad (como en otros casos) es señalando como responsables a excolegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías”, denunció.
Robles, acusada de permitir el desvío de fondos por 5,000 millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, aseguró que no mentirá para obtener su libertad, ya que es inocente y no quiere “salir por la puerta de atrás”.
“No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazadas de testigo colaborador”, agregó.
Hace un par de meses, cuando se filtraron las primeras declaraciones de Emilio Lozoya, el fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que la diferencia entre el caso del exdirector de Pemex y el de Robles es que el primero aceptó colaborar con la FGR para esclarecer la trama de corrupción de Odebrecht y Agro Nitrogenados, mientras que la exfuncionaria se ha negado a aportar información sobre “La estafa maestra”.