Jesús Lemus
La mayoría de los diputados se dividieron con pañuelos verdes y azules ante la reforma al Código Penal del estado de Puebla, que pretende establecer medio año de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo comunitario cuando una mujer decida interrumpir su embarazo. En la sesión del Poder Legislativo llegaron grupos a favor de la vida y personas que respaldan el aborto, quienes intercambiaron una manifestación para expresar su opinión sobre este particular.
Durante la exposición de motivos, la diputada local del PRI, Rocío García Olmedo, aclaró que su propuesta busca no criminalizar a las mujeres, quienes recibirán alguna sanción de cárcel o trabajo comunitario ante la interrupción del embarazo. Aclaró que jamás toca las cuatro causales que permiten actualmente el aborto, entre ellas que el feto ponga en riesgo la vida de la mujer, que el embarazo sea ocasionado por una violación, entre otras. “No estoy tocando nada de la Constitución, sólo retiro todo lo que tiene que ver con el tema de criminalizar a las mujeres, en la siguiente sesión presentaré una reforma a la Ley de Salud del estado de Puebla, para fortalecer los programas de prevención y fortalecer el derecho de salud sexual y reproductiva”, aclaró García Olmedo. Reconoció que el tema causará mucha polémica entre los diversos sectores de Puebla, pero también, dijo que si los hombres están preocupados por el derecho a la vida, sería bueno que analicen el abandono paterno.
