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Mariel Serrano
El gobierno del estado de Puebla sigue evaluando la opción de concesionar el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc, actualmente operado por la UPVA 28 de Octubre.
Esta decisión está siendo analizada por el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, quien aseguró que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se reunirá próximamente con autoridades para definir el rumbo a seguir.
La propuesta de concesión había sido previamente mencionada por el Club Puebla, el cual opera el estadio, no obstante, García Parra subrayó que lo prioritario es garantizar la seguridad de los vehículos de los usuarios y ofrecer un servicio de calidad, algo que, según señaló, no se ha logrado en esta administración.
“El gobierno debe ser quien asuma el control de este espacio para asegurar que se brinde un servicio adecuado, con vigilancia y sin perjuicio para los ciudadanos”, comentó García Parra en conferencia de prensa.
Una de las razones por las que el gobierno busca intervenir es la constante presencia de abusos por parte de la organización “28 de Octubre”. García Parra destacó que, a pesar de los ingresos generados, el espacio sigue presentando deficiencias en cuanto a seguridad y limpieza. De acuerdo con el funcionario, el estado invierte constantemente en la limpieza de la zona, lo que no parece ser suficiente para mejorar las condiciones del lugar.
Además, García Parra mencionó que se está afinando un programa para la instalación de cámaras de videovigilancia en el estacionamiento, en colaboración con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). La intención es aumentar la seguridad en la zona y reducir los incidentes de robo y daños a los vehículos estacionados.
La administración anterior ya había intentado concesionar el estacionamiento a un privado, pero el proceso se detuvo debido a la complejidad del espacio compartido por el Estadio Cuauhtémoc, el Estadio de Béisbol y el Auditorio GNP. Sin embargo, García Parra afirmó que tras un análisis con la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, la opción más viable sería que el gobierno estatal asuma el control directamente, garantizando un servicio de mayor calidad y seguridad para los usuarios.
