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Destacó que todos los ejecutivos del país tienen la facultad de observar las leyes y decretos que emite el respectivo Congreso
Carolyne Rodríguez
El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, indicó que el gobernador del Estado, Antonio Gali Fayad, sólo hizo una serie de observaciones al Poder Legislativo, sobre la abrogación realizada por los diputados sobre la llamada “Ley Bala” y otra donde se facultaba al fiscal general del Estado a nombrar a su suplente en caso de que éste se ausente del cargo por un periodo mayor a 30 días. Carrasco Altamirano recalcó que estas observaciones no violan la autonomía del Legislativo. “Todos los ejecutivos del país, de acuerdo a la Constitución General de la República y de las propias del Estado, tienen facultades para observar leyes y decretos que emite el respectivo Congreso”, cuidando la institucionalidad en la aplicación de lo que el Congreso reforma o abroga, dijo. En el caso de la “Ley Bala”, Diódoro Carrasco explicó que el mandatario estatal no está discutiendo la abrogación, sino que está observando que se cree un artículo transitorio para que se establezca que sustituirá a esta ley, pero dejen en manos del Congreso de qué manera se maneje. “Deben tomar en cuenta dos consideraciones: uno, el respeto a los derechos humanos y, dos, que se establezcan plazos para que no haya un vacío legal”, aclaró. En lo correspondiente al tema del fiscal sustituto, agregó que el pasado 7 de septiembre la Legislatura pasada reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, la cual establece la reglamentación para su actuación ante la ausencia de su titular durante un periodo mayor a 30 días, ya que “era una laguna legal, se subsanó con la reforma que hizo la Legislatura pasada, ello para seguir manteniendo el pleno ejercicio de la responsabilidad”, señaló. Por lo que explicó que esta reforma no se aplica retroactivamente, sino que se aplicaría a partir de su publicación para la posteridad y se tiene que resolver poniendo el alcance de la ley. Finalmente, señaló que con este proceso que se está dando entre los dos poderes, Legislativo y Ejecutivo, se genera una posibilidad para establecer un diálogo constructivo y responsable.
