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Víctor Gutiérrez
Todo un infierno vive una menor de 15 años de edad, quien, tras ser violada por su tío paterno, cuando estuvo de visita en Cuetzalan, vive ahora el calvario de no poder deshacerse de ese producto, luego de que, con engaños la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), le negara ese derecho, tras argumentar que estaba prohibido, pese a que el Código Penal lo permite, en casos extremos, como los que padeció la víctima Así lo denunció en su momento, el llamado Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), organismo que, a través de varias pruebas, logró documentar el caso concreto de Pilar, la menor de 15 años, quien viajó desde la Ciudad de México, de donde es originaria, en compañía de sus padres, para visitar a sus familiares en el municipio de Cuetzalan, durante las vacaciones de marzo de este año, y fue en ese lapso, mientras permaneció en ese lugar de la Sierra Norte, cuando su tío abusó sexualmente de ella y la dejó embarazada. Por lo poco que se sabe, el tío, con engaños y amenazas, la llevó a un cuarto de su vivienda y sació sus bajos instintos sobre ella. Luego de los hechos, la menor se enteró que estaba embarazada, motivo por el cual tuvo que revelar a sus padres lo sucedido, pero ya en la capital del país. Cabe mencionar que en la agencia del Ministerio Público (MP) en la Ciudad de México se les informó que, por tratarse de un caso de violación, ella podría decidir interrumpir o no el desarrollo de la criatura que se gestaba en sus entrañas, y que de acuerdo con médicos legistas, tenía ya 10.2 semanas de gestación.
Fue por ello que, al intentar presentar la denuncia correspondiente, las autoridades capitalinas les comentaron que no podían levantar la carpeta correspondiente porque los hechos ocurrieron en otra entidad, por lo que no tuvieron más que regresar a Puebla a presentar la denuncia ante las autoridades de la Fiscalía poblana. Sin embargo, al momento de acudir a la agencia del Ministerio Público de Teziutlán, donde les indicaron que deberían presentar la denuncia respectiva, personal de esa instancia le advirtió a la madre de la víctima que le negaban la solicitud de aborto, porque, según ellos, estaba prohibido en la entidad, pese a que el Código Penal de Puebla estipula lo contrario. Incluso, le amenazaron con el hecho de que, si se practicaba un aborto, su hija podría ir a la cárcel, motivo por el cual, la madre y su hija decidieron regresar de inmediato a la Ciudad de México, pues aseguraba que aún se encontraba dentro del plazo que señala la ley para interrumpir de manera legal el embarazo. Luego de estos hechos, la madre y su hija acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar la queja correspondiente contra las autoridades ministeriales de Teziutlán, por violar los derechos humanos de la menor, proceso que acompaña la representación legal de GIRE para que se atienda esta demanda, misma que podría irse hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A pesar que el ombudsman poblano propuso una salida conciliatoria, ésta fue rechazada, debido a que las medidas propuestas para llegar a un arreglo son insuficientes para cubrir el daño provocado por una autoridad ministerial y violan los derechos fundamentales de la víctima, por lo que este caso podría subir de nivel y ventilarse en los ámbitos federales
