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Mariel Serrano
El secretario de Educación Pública del estado, Manuel Viveros Narciso, confirmó la existencia de denuncias penales en la SEP derivadas de presuntas irregularidades en la asignación de plazas docentes, al señalar que actualmente se mantienen seis procesos legales contra ex servidores públicos, los cuales son atendidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En entrevista, al acudir al Congreso del Estado, el funcionario explicó que la dependencia ha entregado toda la información requerida por las instancias fiscalizadoras y aclaró que la Secretaría de Educación Pública no puede ser juez y parte en las investigaciones, por lo que se mantiene a la espera de los resultados de las auditorías en curso.
Viveros Narciso precisó que, como parte del proceso de revisión interna, se ha dado de baja a diez trabajadores de la dependencia; sin embargo, indicó que, conforme a la ley, no es posible dar a conocer sus identidades. Aseguró que las acciones emprendidas responden a un compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del sistema educativo estatal.
El funcionario detalló que las investigaciones se originaron tras detectarse diversas debilidades estructurales en los procedimientos de asignación de plazas temporales y definitivas, entre ellas normatividad desactualizada, expedientes incompletos, inconsistencias entre convocatorias, adscripciones y pagos, así como fallas en la trazabilidad administrativa.
Sobre el avance de las auditorías, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó previamente que la Auditoría Superior del Estado amplió la revisión de 2 mil 300 a más de 7 mil plazas, con el objetivo de verificar que su otorgamiento se haya realizado conforme a la ley. Como resultado preliminar, se identificaron posibles prácticas irregulares relacionadas con discrecionalidad, relaciones familiares y acuerdos internos para la distribución de clases.
Una vez integrados los expedientes, se notificará a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y en aquellos casos donde se detecte el uso de recursos federales, se dará vista a la Auditoría Superior de la Federación.
El gobernador Alejandro Armenta Mier recordó que la revisión al interior de la SEP fue un compromiso asumido durante el proceso electoral y subrayó que estas acciones forman parte de una política integral para transparentar la administración pública estatal. Añadió que procesos similares de investigación se desarrollan en otras dependencias y organismos.
Finalmente, Manuel Viveros Narciso enfatizó que el objetivo de estas medidas es fortalecer la eficiencia institucional y garantizar el correcto funcionamiento del sistema educativo, reiterando que todas y todos los servidores públicos están sujetos a evaluación permanente y a las responsabilidades que establece la ley.
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