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La respuesta oficial de México ante la imputación masiva del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llegado de la mano de la Fiscalía General de la República (FGR). El vocero de la institución, Ulises Lara López, confirmó que se ha iniciado una carpeta de investigación para analizar la veracidad de los señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros diez funcionarios.
Sin embargo, el mensaje fue contundente: la solicitud de detención provisional con fines de extradición, recibida a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el pasado 28 de abril, carece actualmente de los elementos probatorios suficientes que exige la legislación mexicana para proceder con una captura de tal magnitud.
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Bajo la premisa de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, la FGR aclaró que el tratado bilateral de extradición entre ambos países es explícito al señalar que la entrega de un ciudadano solo se concede si las pruebas son sólidas bajo las leyes de la parte requerida.
En este sentido, Lara López criticó que el documento estadounidense de 34 páginas no se acompañe de evidencias contundentes y, además, señaló una violación a los protocolos de confidencialidad y a la Convención de Viena.
Según la fiscalía, el hecho de que nombres y cargos fueran revelados al dominio público entorpece los procedimientos penales y vulnera la naturaleza reservada que este tipo de casos internacionales debería mantener.
Más allá de la revisión de pruebas, el obstáculo más grande para la justicia estadounidense es el fuero constitucional. La FGR recordó que tanto el gobernador como los senadores implicados, como Enrique Inzunza, gozan de inmunidad procesal. Para que cualquier orden de aprehensión o proceso de extradición avance, es imperativo iniciar primero un juicio de procedencia en las instancias legislativas correspondientes para retirar dicha protección.
