🎧 Usa el reproductor para escuchar esta nota
Exclusivas MX
La Fiscalía Federal de Estados Unidos ha puesto nombre y apellido a la presunta estructura de poder que permitió al Cártel de Sinaloa operar con total impunidad. El expediente describe una simbiosis donde los cargos públicos se convirtieron en herramientas de logística para el tráfico de fentanilo y cocaína. A la cabeza de esta lista se encuentra el gobernador Rubén Rocha Moya, cuya administración es señalada de haber sido cimentada por la facción de “Los Chapitos” mediante la intimidación de rivales políticos y el financiamiento ilícito de su campaña en 2021.
Dentro del círculo político más cercano al mandatario destaca Enrique Inzunza Cázarez, actual senador y exsecretario General de Gobierno. Para Washington, Inzunza fue el operador clave en la coordinación estatal antes de saltar al Poder Legislativo federal. Junto a él, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, es investigado por su papel en el manejo de recursos y su posterior regreso al sector inmobiliario tras dejar el cargo en 2024. Estos nombramientos sugieren que la infiltración alcanzó las áreas de gobernabilidad y presupuesto del estado.
El aparato de justicia y seguridad pública también fue desmantelado en la acusación. Dámaso Castro Zaavedra, actual vicefiscal del estado, es señalado directamente de recibir sobornos mensuales de 11,000 dólares para alertar al cártel sobre operativos conjuntos con agencias estadounidenses. En la misma línea se encuentran Marco Antonio Almazán Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía de Investigación. Contreras Núñez, apodado “Cholo”, es descrito como un funcionario de carrera que utilizó su especialización en criminalística para blindar las operaciones criminales.
📌 Nota recomendada
 | ¿Procede el desafuero de Rocha Moya? Morena inicia consultas legales tras acusaciones de la DEA |
La presencia militar en el gabinete tampoco escapó al escrutinio. El exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, un militar con doctorado y amplia trayectoria en zonas de conflicto, es acusado de utilizar su conocimiento estratégico en logística e inteligencia para favorecer al cártel. Bajo su mando, funcionarios como José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, habrían facilitado la custodia de cargamentos de droga utilizando patrullas y recursos estatales.
En el ámbito municipal, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, aparece como una pieza fundamental en el control del territorio más importante para la organización. Sin embargo, los cargos más violentos recaen sobre Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Valenzuela no solo enfrenta cargos por narcotráfico, sino por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y un familiar, utilizando personal policial para ejecutar estas acciones.
Ante la gravedad de los señalamientos, que contemplan desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua, los implicados han cerrado filas bajo el argumento de la soberanía nacional. Rubén Rocha Moya calificó la acusación de “infamia”, mientras que el senador Inzunza sugirió que se trata de una represalia política por sus críticas previas a la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua. Mientras tanto, en Culiacán y la Ciudad de México, el clima político es de máxima tensión ante la posibilidad de solicitudes de extradición inminentes.
