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La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado un golpe de autoridad en el caso que mantiene en vilo la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Este lunes, el vocero y fiscal especial, Ulises Lara López, anunció que alrededor de 50 funcionarios del estado de Chihuahua han sido citados a declarar para esclarecer su participación en un operativo contra un narcolaboratorio donde participaron presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La investigación federal no solo busca determinar qué hacían agentes extranjeros armados en territorio nacional, sino bajo qué autorizaciones —si es que existieron— operaban de la mano con la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
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El hilo de esta trama se reventó el pasado 18 de abril en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos. Tras desmantelar un laboratorio de drogas, un accidente carretero terminó con la vida de dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses, cuya identidad como elementos de la CIA destapó el escándalo. La presión política fue tal que el fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó su renuncia el 27 de abril, apenas unos días después de haber hecho público el suceso.
Ahora, la FGR investiga dos carpetas clave: una por el delito de narcotráfico y otra, mucho más delicada, por posibles delitos contra la seguridad nacional debido a la presencia no acreditada de inteligencia extranjera en operativos tácticos.
La tensión entre el gobierno federal y la administración de la panista María Eugenia Campos ha escalado a niveles críticos. Mientras la gobernadora intentó blindar a su equipo creando una comisión investigadora local, Ulises Lara fue tajante al señalar que la FGR es la única autoridad competente para conducir esta indagatoria.
