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SinEmbargo
Pese al potencial solar y eólico del país, en casi cuatro de cada diez hogares sus habitantes no pueden satisfacer necesidades energéticas básicas, esto es, en 11 millones 93 mil casas, sobre todo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, no tienen luz eléctrica, cocinan con leña en fogones abiertos pese al daño respiratorio o carecen de un refrigerador, aire acondicionado y/o calentador, lo que puede derivar en enfermedades o incluso la muerte por deshidratación o hipotermia.
En el marco del parlamento abierto de la Reforma Eléctrica y la crisis climática, investigadores urgen a que el combate a la pobreza energética esté en el centro de la política energética nacional, ya que priva de otros derechos como la salud, el agua, la educación, la vivienda digna, la comunicación, la movilidad y un medio ambiente sano.
Mientras la ciudadanía se polariza entre si el sector público o privado debe gestionar la energía (fósil y renovable), 4 millones 855 mil hogares (11.3 por ciento) consumen leña o carbón para calentar agua y alimentos por arraigo cultural y/o ser más baratos que el gas LP; en otras palabras, 13.5 millones de personas se exponen a la toxicidad de esos combustibles, de acuerdo con el Inegi, particularmente en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Yucatán.
“Una vez fui a un doctor y me preguntó si fumaba mucho porque tenía el pulmón muy ahumado. Le dije que no. Entonces me dijo que era por el humo de las tortillas, del comal [con leña]”, comentó María, habitante de Nocutzepo, Michoacán, quien ahora usa estufas ecológicas impulsadas por la asociación civil Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), que con una chimenea dirige el humo hacia afuera de la casa. Pero es una alternativa aislada que además requiere mantenimiento constante.
Aunque hay programas estatales de entrega de estufas y calentadores solares, Omar Masera Cerutti, especialista en bioenergía y ecotecnologías, planteó que son aislados y requieren de mayor seguimiento y participación comunitaria para quitarles su carácter de asistencialistas.
Desde 2016, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske (Sierra Norte de Puebla) coordina la instalación de paneles solares comunitarios y familiares sobre techos en Cuetzalan, pueblo conocido por su cultivo de café. “Ya no gastamos dinero para usar estas energías dentro de nuestras viviendas”, destacó Viviana Vázquez, integrante de la cooperativa.
Esto, dijo el investigador Omar Masera, es sólo un ejemplo de cuántas comunidades podrían beneficiarse si los legisladores deciden incluir a la generación social distribuida en la Reforma Eléctrica en vísperas de discutirse luego de que el parlamento abierto concluya el 28 de febrero.
“En Chiapas hay gigantes centrales hidroeléctricas que llevan energía al centro y las comunidades alrededor no tienen electricidad. Lo que necesitamos es un modelo de energías renovables que no sean sólo de grandes empresas, sino que viremos hacia la generación distribuida a escala mediana con un sistema de biodigestores, estufas, aerogenerador y paneles pequeños para las necesidades energéticas de la comunidad”, planteó. “La CFE debería orientar al desarrollo de estos sistemas y que la Reforma le dé un peso a la generación comunitaria de electricidad con cooperativas”.
La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, involucrada en una investigación sobre presuntos sobornos millonarios a legisladores para aprobarla, prometió que al abrir las puertas a la iniciativa privada las tarifas de luz y gasolinas bajarían, pero los datos muestran lo contrario y además instaló la técnica nociva del fracking.
La contrarreforma ofrece nacionalizar el litio de cara a la electromovilidad y prioriza a las empresas energéticas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre lo privado, pero hasta el momento no aborda la ampliación de la red de transmisión ni generación distribuida para el acceso de las áreas rurales y urbanas marginadas.
Ana Lilia Moreno, que coordinó el documento “Vivir a oscuras”, de la organización México Evalúa, aseguró que ambas reformas reconocen la necesidad de suministrar energéticos a la población, pero no establecen la vía para un acceso efectivo, asequible y limpio, por lo que, dijo, lo que se requiere es que la Secretaría de Energía (Sener) genere una política energética integral que esté interconectada con la política de desarrollo económico-social (empezando por los subsidios) y del ambiente.
Documenta el Inegi que al menos 1.2 millones de mexicanos que viven en zonas rurales sin acceso a la red o en zonas urbanas marginadas no tienen ni siquiera acceso a energía eléctrica para refrigerar alimentos, hacer llamadas telefónicas, conectarse a internet, entre otras necesidades básicas ni mucho menos de entretenimiento.
“Ni la Reforma Energética de Peña Nieto ni esta contrarreforma abordan al sistema energético de manera integral. Sólo se está discutiendo el papel que deben desempeñar el sector privado y el Estado sobre la generación y distribución de electricidad (oferta), pero no se han enfocado en el consumo per cápita (demanda) y en cómo contribuir a un desarrollo económico, social y respetuoso del medio ambiente”, expresó Rigoberto García-Ochoa del Colef.
Desde el norte mexicano, recordó que hay un gran potencial para aprovechar la radiación solar para calentar el agua o para cocinar. “Además del beneficio ambiental, el impulso a las energías renovables brindarían una seguridad energética porque ya no dependeríamos tanto de los precios internacionales del petróleo y no faltaría la energía en tantos hogares”, comentó.
Pero en el sur o centro también es posible. Acapantzingo, una comunidad de unas 600 familias ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México, instaló con sus recursos paneles solares sobre las azoteas de los edificios de vivienda para obtener energía para alimentar a la planta tratadora de agua que a su vez riega los huertos con los que cuentan. Se organizan en 28 comisiones y todas las decisiones las toman en asamblea.
