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Eduardo Sánchez
En el último año, México se ha colocado como el segundo país con más conflictos mineros en toda Latinoamérica; mientras que, a nivel nacional, Puebla es la novena entidad con más agresiones a defensores de los derechos humanos, quienes en muchas ocasiones han perdido la vida por hacer frente a mineras extranjeras que buscan empezar trabajos al aire libre en comunidades indígenas. Tras la reforma energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 66 por ciento del territorio del estado de Puebla ha sido concesionado por el gobierno local a compañías nacionales y extranjeras, quienes han puesto en marcha diversos megaproyectos. La mayoría de estas inversiones generan grandes ingresos para las empresas, pero al mismo tiempo, originan serios problemas para las comunidades cercanas. En su mayoría, las empresas usan técnicas como el fracking para la extracción de materiales, lo que conlleva infertilidad en las tierras de cultivo, frenando la economía de cientos de familias. Al término del último sexenio, las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A. C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, presentaron el informe “Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad Informe 2018”, donde informaron que durante los últimos cinco años se han ejecutado a siete activistas en Puebla.
Tres de ellos en la Sierra Norte; el primer caso se presentó en 2012 con la muerte del activista Frumencio Solís Cruz, quien perdió la vida tras ser baleado, dos años después la lucha contra proyectos mineros cobró la vida de Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente, Obrero Campesino, Urbano Popular (Miocup). El último reporte fue en mayo de 2018 con la muerte del activista Manuel Gaspar, opositor a proyectos mineros en la región de Cuetzalan. Cabe mencionar que, en el nuevo sexenio ya se ha registrado la muerte de Leonel Díaz Urbano. Este último era el principal opositor de la construcción de la hidroeléctrica en San Juan Tahitic y fue la segunda víctima de este proyecto, tras la muerte de Manuel Gaspar, quien también hizo frente a los proyectos mineros que este mes fueron cancelados por la empresa responsable tras las presiones de los habitantes de la sierra. Sin embargo, ésta no es toda la cara de la moneda, pues a pesar de la deserción de algunas empresas mineras en territorios indígenas, estos pobladores son víctimas de amenazas, secuestros y otras agresiones.
Un ejemplo de esto fue la desaparición de Sergio Rivera Hernández, quien desde el pasado 23 agosto fue perseguido por una camioneta blanca en la comunidad de Coyolapa, en Zoquitlán, para no volverlo a ver. Sergio se oponía a la construcción de una hidroeléctrica, la empresa Minera Autlán en la Sierra Negra. Aunado a esto, un caso de agresión fue documentado en el portal Manati. mx, donde Salvador Sánchez Bolaños relató que tras regresar a su casa, cuatro sujetos armados intentaban entrar a su casa. Salvador Sánchez es integrante de la radio comunitaria “Radio Tlacuache”, desde donde se ha convertido en uno de los portavoces de la oposición indígena que nació en aquella región de la Sierra Negra de Puebla contra la construcción de una hidroeléctrica, una lucha que ha tardado seis años. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el sector minero contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el país es el destino favorito para la inversión en exploración minera en toda América Latina. Aunque la lucha de estas comunidades parece imposible, tiene sus frutos, pues han logrado defender sus tierras, como en 2012 cuando en Zautla expulsaron a la minera china JDC Minerals; a esta empresa se suman los planes de Grupo México; Wall Mart y Almaden Mineral, aunque en muchas ocasiones el precio es demasiado alto.
