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La nueva Legislatura buscará dejar sin efecto la concesión para tener un servicio gratuito y sin fines de lucro
Eduardo Sánchez
Tras años de denuncia por irregularidades y opacidad al entregar la concesión de agua potable al consorcio llamado Aguas de México, S. A., la nueva Legislatura buscará dejar sin efecto la concesión para tener un servicio gratuito y sin fines de lucro. Fue desde 2013 que el Congreso del Estado aprobó la licitación para concesionar el servicio integral de agua potable con una vigencia de 30 años y 173 días, contando a partir del 26 de diciembre de 2013. Diputados de la pasada Legislatura y personal del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap) argumentaron que la acción era para mejorar el servicio, sin embargo, éste ha caído en al menos 10 puntos y la recaudación por el servicio ha venido a la baja, debido a la mala calidad. MORENA, CONTRA AGUA DE PUEBLA PARA TODOS En periodos de campaña, José Juan Espinosa, entonces candidato a diputado local por el Distrito 20 de la alianza Juntos Haremos Historia, prometió revertir la concesión otorgada a la empresa Agua de Puebla que entregó la administración de Rafael Moreno Valle. Ahora con una curul, el ex edil de San Pedro Cholula ha presentado una propuesta de reforma al Artículo 12 constitucional para establecer que el servicio de agua tiene que ser gratuito y sin fines de lucro, despojando a la empresa de la concesión. Mientras que el también diputado morenista, Gabriel Biestro, anunció hace unas semanas la creación de un punto de acuerdo para que se convoque a académicos, investigadores y organizaciones civiles a mesas de trabajo que permitan la elaboración de una nueva Ley del Agua para el Estado de Puebla. Por su parte, el senador por Morena, Alejandro Armenta Mier, también se pronunció a favor de la reforma constitucional y expresó que buscará hacer su parte desde la Cámara Alta, luego de que Martí Batres, presidente de esa Cámara, propuso reformar la Ley de Aguas Nacionales.
BAJA RECAUDACIÓN EN 2017
En un estudio realizado por Aregional, demostró que Puebla fue el séptimo Estado con menor recaudación de recursos por el derecho al agua con 244 pesos por habitante. La entidad se encuentra por debajo del promedio nacional. Aunado a esto, la llegada de las empresas Agua de México –empresa propiedad de los Hank–, Eppcor Servicios y Tecnología Intercontinental, traían la promesa de la baja de tarifas a un 70 por ciento, así como el control del agua. Sin embargo, datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han demostrado que usuarios de los Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado han hecho denuncias sobre cuotas excesivas en distintos municipios.
SIN HACER PÚBLICO EL CONTRATO DESDE HACE 5 AÑOS
Un reciente conflicto legal con la organización “Dale la Cara al Atoyac”, derivó en que, mediante un amparo, un juez ordenara hacer público el contrato firmado con la empresa luego de que 40 ciudadanos se declararon afectados por la contaminación del río Atoyac y por la omisión de las autoridades para sanear sus aguas. Aunque la entrega sólo contenía aspectos técnicos y no los anexos, de los que el Gobierno del Estado aún está obligado a transparentar, se encontró un pago por 1 mil 480 millones de pesos, de los cuales 500 millones se destinaron al pago de deuda con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y los otros mil millones de pesos se destinaron a Finanzas del gobierno estatal, sin que se conozca el uso que se le dio a ese dinero. Mientras que el contrato establece que la concesionaria se comprometió a invertir un total de 3 mil 900 millones en infraestructura para el quinto año, esta inversión no se ha podido constatar.
